jueves, 27 de noviembre de 2008

DISCRIMINACION EN INTA MENDOZA

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, organismo ejecutor de políticas del Estado en materia de actos discriminatorios, dictaminó (dictamen nº200/08) que el los jefes de las agencias de extensión del INTA Lavalle, del INTA Luján y el Director de la Estación Experimental Mendoza del INTA,  cometieron abuso de poder,  incumplieron su de deber de funcionario público, y cometieron un acto de DISCRIMINACIÓN, al echar a un técnico de la Institución que militaba en una organización campesina porque no les gustaba su “actividad política y social”.

 

Los hechos:

En diciembre del año 2002 la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra realizó una olla popular frente a la Municipalidad de Lavalle (Mendoza) con las consignas “queremos trabajo y no planes sociales” y “tierra, agua y justicia para los excluidos del campo”.

 

En esa organización militaba (y milita en la actualidad) un ingeniero agrónomo, Raimundo Laugero, que trabajaba como extensionista rural en la Agencia de Extensión Rural del INTA Lavalle. Su militancia era fuera del horario de trabajo en el INTA y ad honorem. Incluso por ser en horarios de trabajo, Raimundo no participó de la olla popular.

Al día siguiente de la acción de la UST, Raimundo fue amenazado por el Jefe de la AER (Agencia de Extensión Rural) INTA Lavalle, ingeniero Ricardo Bagini, por el jefe de la AER Luján ingeniero Guillermo Salvarredi, y por el Jefe de la Estación Experimental del INTA Mendoza, ingeniero Rubén Oliva, diciéndole que por orden expresa del Intendente de Lavalle Roberto Righi, debía renunciar a su cargo de extensionista (cargo que tenía desde hace cinco años) o de lo contrario sería echado.

 

Con anterioridad le habían señalado en diversas oportunidades que:

“no compartían que un técnico del INTA viviera en el campo mezclándose con los problemas de la gente”,

“que el INTA no tenía ningún tipo programa destinado a los obreros rurales”

“que los campesinos eran una cuestión del pasado y que ya no existían en Mendoza”.

 

Al mes de ser amenazado, le llega un telegrama de despido, con la baja de su cargo por “razones de servicio”, luego de ser sometido durante el transcurso de ese mes a acciones de degradación, persecución y provocación.

Con el objetivo de demostrar la arbitrariedad de la medida, se presentaron ante el INADI testimonios de pequeños productores de la zona y de socios de la Cooperativa Lacofrut (lugar donde Raimundo desempeñaba su trabajo cotidiano desde el INTA), quienes resaltan su compromiso y dedicación con el trabajo. Rescatan los productores (consta en el expediente del INADI) : “muchas veces trabajaba hasta las doce de la noche, incluso sábados y domingos, ganándose el afecto, el respeto y la confianza de los socios y productores de la zona por su buena actuación como moderador de los conflictos y problemas que se presentaban... nunca tuvo reproche alguno en su función”. Además resaltan que: “luego de una movilización que realizara un grupo de obreros rurales (grupo con el cual Raimundo colaboraba fuera del horario de servicio) la Cooperativa comenzó a recibir presiones de los señores Robinson Fernández (Director de Promoción Económica de la Municipalidad de Lavalle), el ingeniero Ricardo Bagini y el ingeniero Guillermo Salvarredi para que los socios de la Cooperativa lo declararan prescindible, bajo la amenaza que si no lo hacíamos no íbamos a recibir mas beneficios como créditos, apoyo económico y asesoramiento, que a través del INTA y del Municipio teníamos”(consta en el expediente).

 

Con estos testimonios mas otros de obreros rurales que participan en la UST, y ante la negativa del INTA en diversas oportunidades a dar explicaciones de las motivaciones que fundamentan las “razones de servicio”, el INADI (Instituto Nacional Anti Discriminación), a través del Dictamen nº 200-08 con fecha 30 de setiembre del 2008 considera que “la baja del ingeniero Laugero no ha respondido a circunstancias propias de su desempeño laboral en el INTA, sino que se relaciona con su actividad política y social”, y “que con el mero recurso esgrimido en su telegrama de despido: razones de servicio, se enmascara un acto discriminatorio en los términos del artículo 1º de la ley 23.592” (ley contra la discriminación”). Además el INADI resalta que “las verdaderas causales encubiertas para el cese de contrato es su ideología”(fs8) y que “existió desviación de poder por parte de los jefes del INTA porque usaron su autoridad con otro fin que aquel que les han sido conferido por ley, excediendo los límites de la razonabilidad y realizando una medida disciplinaria encubierta con un propósito discriminatorio”(fs14). 

 

                                            POR TIERRA, AGUA Y JUSTICIA

                        UNION DE TRABAJADORES RURALES SIN TIERRA

                        MOVIMIENTO NACIONAL CAMPESINO INDÍGENA

   
               
        

NO AL VETO A LA LEY DE GLACIARES, NO A LA MEGAMINERIA SAQUEANTE Y CONTAMINANTE!!!

Desde Prensa Agraria, los estudiantes de la Asamblea, los Estudiantes de Agronomia de Mendoza, decimos: NO A LA MEGAMINERIA CONTAMINANTE Y SAQUEADORA, NO AL VETO a la LEY DE GLACIARES

Participá de la Campaña Nacional por un rotundo NO a la minería química a cielo abierto y la minería nuclear en todas sus modalidades.



La Unión de Asambleas Ciudadana (U.A.C.), donde participan
organizaciones sociales de todo el país, lanza esta acción a lo largo y
ancho de la Argentina para reflejar el rechazo de la ciudadanía a una
actividad severamente cuestionada y destructiva desde el punto de vista
social, económico, ambiental y fiscal.



Subí en tu blog o sitio de Intenet el link para firmar el petitorio



Ingresá y firmá

Soberanía alimentaria y agricultura



João Pedro Stédile - D. Tomás Balduino

En 1960, había 80 millones de seres humanos que pasaban hambre en todo el mundo. ¡Un escándalo! En aquella época, Josué de Castro, que ahora cumpliría 100 años, marcaba posición con sus tesis, argumentando que el hambre era consecuencia de las relaciones sociales, no resultado de problemas climáticos o de la fertilidad del suelo.

El capital, con sus empresas transnacionales y su gobierno imperial de Estados Unidos, buscó dar una respuesta al problema: creó la llamada Revolución Verde. Esta constituyó una gran campaña de propaganda para justificar ante la sociedad que bastaba "modernizar" la agricultura, con el uso intensivo de máquinas, fertilizantes químicos y venenos. De esta forma, la producción aumentaría y la humanidad acabaría con el hambre.

Pasaron 50 años, la productividad física por hectárea aumentó mucho y la producción total se cuadruplicó a nivel mundial. Pero las empresas transnacionales se hicieron cargo de la agricultura con sus máquinas, venenos y fertilizantes químicos. Ganaron mucho dinero, acumularon bastante capital y, así, hubo una concentración y centralización de las empresas. Actualmente, no más de 30 conglomerados transnacionales controlan toda la producción y el comercio agrícola mundial.

¿Cuáles fueron los resultados sociales?
Los seres humanos que pasan hambre aumentaron de 80 millones a 800 millones. Sólo en los últimos dos años, a causa de la sustitución de la producción de alimentos por agrocombustibles, de acuerdo con la FAO (Organización de Naciones Unidas para Agricultura y la Alimentación), aumentó en 80 millones más el número de hambrientos. Es decir, ahora son 880 millones.

Nunca la propiedad de la tierra estuvo tan concentrada y hubo tantos migrantes campesinos saliendo del interior hacia las metrópolis y migrando de los países pobres a Europa y Estados Unidos. Solamente en lo que va de año, Europa apresó y extraditó a 200 mil inmigrantes africanos, la mayoría campesinos.

Hay ocho millones de trabajadores agrícolas mexicanos en Estados Unidos. Setenta países del hemisferio sur no logran alimentar a sus pueblos y están totalmente dependientes de las importaciones agrícolas. Han perdido la autosuficiencia alimentaria, perdieron su autonomía política y económica.

Los peor es que, en todos los países del mundo, los alimentos llegan a los supermercados cada vez más envenenados por el elevado uso de herbicidas, provocando enfermedades, alterando la biodiversidad y causando el calentamiento global. Eso acontece porque las empresas transnacionales estandarizaron los alimentos para ganar en escala y rentas. Los alimentos deben ser producidos de acuerdo con la naturaleza, con la energía del hábitat.

La comida no puede ser estandarizada, puesto que forma parte de nuestra cultura y de nuestros hábitos. Ante esto, ¿cuál es la salida? El Estado, en nombre de la sociedad, debe desarrollar políticas públicas para proteger la agricultura, priorizando la producción de alimentos. Cada municipio, región y pueblo necesitan producir sus propios alimentos, que deben ser sanos y para todos. Así nos enseña toda la historia de la humanidad. La lógica del comercio e intercambio de los alimentos no puede basarse en las reglas del libre mercado y en el lucro, como pretende imponer la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Por ello, consideramos a la alimentación un derecho de todo ser humano, y no una mercancía, como, además, ya defiende la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cada pueblo y todos los pueblos deben tener el derecho de producir sus propios alimentos. Eso se llama soberanía alimentaria. No basta dar ayuda alimenticia esencial, dar el pescado. Eso es seguridad alimentaria, pero no es soberanía alimentaria. ¡Es necesario que el pueblo sepa pescar!

En Brasil, con un territorio y condiciones edafoclimáticas tan propicias, no tenemos soberanía alimentaria. Importamos muchos alimentos del exterior y entre las regiones del país. Incluso en nuestras "ricas" metrópolis, el pueblo depende de programas asistenciales del gobierno para alimentarse. La única solución es fortalecer la producción de los campesinos, de los pequeños y medianos agricultores, que demandan mucha mano de obra y tienen conocimiento histórico acumulado.

La llamada agricultura industrial es predadora del ambiente, sólo produce con herbicidas. Es insostenible a largo plazo. Por ello, en este 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, las organizaciones campesinas, movimientos de mujeres, ambientalistas y consumidores haremos manifestaciones en el todo el mundo para denunciar problemas y presentar propuestas para que la humanidad, al fin, resuelva el problema del hambre en el mundo.

João Pedro Stédile, economista, es integrante de la coordinación nacional del MST y de la Vía Campesina , y D. Tomás Balduino, obispo emérito de la Diócesis de Goiás, es consejero permanente de la CPT (Comisión de la Pastoral de Tierra), órgano vinculado a la CNBB (Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil)

ENTREVISTA:UNIÓN DE TRABAJADORES RURALES DE MISIONES


“Entendemos al campesino como un trabajador rural”

Boletín quincenal Nº101- Prensa De Frente en Misiones -

 La UTR es una organización que cuenta como principal área de influencia el noreste misionero. Conformada como tal hacia mediados del 2006 está integrada por trabajadores campesinos con diferentes situaciones tanto laborales y como de propiedad de la tierras, lo que les permite tener un lectura integral de la problemática del sector.


Prensa De Frente conversó con Pedro “Tito” Lunales, uno de sus referentes, quien comentó cuales son los mayores desafíos actualmente de los pequeños productores, sus representaciones gremiales, las políticas estatal para el sector, su perspectiva del conflicto del campo, entre otros temas.

- A grandes rasgos, cual es la realidad en la que viven actualmente los trabajadores rurales en la provincia de Misiones?
- En Misiones, y estamos hablando de la provincia que más pequeños productores tiene, hay una realidad que si bien está enmarcada por cuestiones estructurales que son similares a otras regiones, hay algunas diferencias. Partimos de la base que es una provincia, que al igual que la mayor parte del país, está sometida a una gran desigualdad en cuanto a la distribución de la tierra, o sea, hay una importante cantidad de hectáreas manejadas por una minoría de familias. Este proceso comenzó cuando Corrientes entrega lo que hoy es la tierra de Misiones a 19 familias que a partir de ahí se profundiza.

Con respecto a los trabajadores, la provincia hay todo un sector, principalmente en centro y el sur, donde hay trabajadores rurales abocados al cultivo de Té y de Yerba Mate. Estos trabajadores están organizados sindicalmente, pero digamos que la realidad nos muestra que aún falta mucho en el trabajo sindical. Esto pese a haber una tradición sindical en Misiones y en general en el NEA, donde hay un principio de organización también. Pero por otro lado, hay pequeños productores que han llegado de Brasil y Paraguay por la expansión de la frontera agropecuaria a partir de los ’60, pero también en los ’70 y ’80 y que actualmente ocupan el norte y el noreste de la provincia. Estos últimos tienen una realidad diferente a otros sectores, ya que no trabajando alrededor del cultivo de Té o Yerba, sino que forman parte del sistema productivo de autoconsumo, devenido en subsistencia donde hay muy poca tierra, familias muy numerosas, producción diversificada para subsistir y generalmente con condiciones irregulares en cuanto a la tenencia de la tierra y arrinconados por las grandes empresas papeleras.

Es en este marco donde van surgiendo las organizaciones. No se puede dejar de nombrar al Movimiento Agrario Misionero y las Ligas Agrarias, como organizaciones madres. Post dictadura, surgen nuevas organizaciones, en el norte principalmente, tales como la CCT, el MOCAMI, la CCT de Pozo Azul, y más recientemente Pusali, PYP y la UTR.

Si bien hay esbozos de una articulación provincial entre las organizaciones que nos venimos juntando en acciones concretas, conjuntas, todavía no hay una orgánica provincial.

- Con respecto la base social que está representada en la UTR, ¿Como se conforma? ¿Son trabajadores asalariados? ¿Son pequeños productores?
- La UTR también es variable en lo que hace a la representación. Hay algunas zonas, San Antonio por ejemplo, donde hay más trabajadores tabacaleros, familias que hacen tabaco ya que este les permite un ingreso. En su momento fue determinante el papel de las mutuales que les garantizaban una cobertura social, pero hoy ya no tanto ya que hay otras formas de tener cobertura. Pero sí, en un sistema productivo como este, donde no aparece el dinero, sino que hay más producción para autoconsumo, el hecho que se reciba una cantidad x de plata segura, es lo que se hace difícil que se remplace el cultivo de tabaco. Esto también tiene que ver con el sistema perverso con que se pensó el negocio del tabaco, una empresa que contrata directamente a las familias, de manera tal que estos terminan de peones en su propia chacra. Así, les bajan la semilla, el paquete tecnológico, le abren una libreta por si quiere ir sacando plata adelantada y después define precios, descuentan lo que le parece, le pagan lo que quiere. Así el que hace tabaco se ve condicionado a desarrollar exclusivamente ese cultivo porque exige mucho tiempo de trabajo; y a duras penas le queda tiempo para criar algunas pequeñas aves, un par de chanchos o a lo sumo algún cultivo manual como el maíz.

Después tenemos todo otra zona, que va desde la ruta 14, que une Bernardo de Irigoyen con El Dorado, en donde sí hay pequeños productores con muy poca tierra que no hacen tabaco, sino que son gente esta que decíamos que han venido expulsada de Brasil. A modo de ejemplo, hay zonas que vos no sabés si es un barrio o es una zona rural, es una mezcla, las casas están una al lado de otra, hay poca tierra, están las prácticas de la chacra pero en realidad no hay espacio, no hay tierra para producir.

La base de la UTR es esto, una parte donde hay tabacaleros, donde hay algunas personas que se dedican a la producción de chanchos, y otra zona donde hay trabajadores que están más hacinados, donde generalmente la mujer es quien hace el trabajo en el peridomicilio y los hombres salen a trabajar al raleo en Corrientes o Entre Ríos.

- ¿Cual es el desarrollo gremial o sindical que lleva adelante la UTR? ¿Que relación hay con las estructuras sectoriales ya existentes en lo que hace a la representación de los trabajadores del campo?
- En realidad nuestro trabajo en la consecuencia de la Ligas Agrarias, y quizá también de la Federación Agraria. De todas maneras, esta último no tiene influencia en el norte y noreste de la provincia, la zona donde trabaja la UTR. Lo que sí, nosotros desde el mismo nombre de nuestra organización, Unión de Trabajadores Rurales, intentamos desde la identidad -que es un proceso, que no está definida de manera acabada- consolidarnos como una organización primero, de lucha gremial y después, a la par de dar contexto más amplio y contención, generar un objetivo político como organización de pequeños productores y campesinos. Desde nuestro propio nombre nosotros intentamos dar un paso más allá desde lo que ha sido la historia de las organizaciones campesinas. Entendemos al campesino como trabajador rural.

- Han desarrollado relaciones, tanto nacional como provincial, con otras organizaciones que no sean de la provincia?
- En cuanto a una orgánica nacional, nosotros no participamos de ninguna de las existentes. Principalmente por la juventud de la UTR, esto no quita que tengamos muchas cosas que hemos aprendido y que aprendemos hoy de organizaciones de más años con las cuales compartimos actividades. Concretamente me refiero al Movimiento Nacional Campesino Indígena, con quienes participamos de muchas actividades. Sin tener una contribución en la orgánica del MNCI, sí participamos de la Escuela de Memoria Histórica, que organizan ellos todos los años. Hemos hecho viajes e intercambios conjuntos, ellos han venido al campamento de formación que se hizo acá a principios de años. También hemos hecho cosas con los compañeros de Poriajú. Teniendo en cuenta que alguno de nosotros somos parte de la Unión de Trabajadores Técnicos y Rurales de Misiones (UTERMI) también tenemos acciones conjuntas con la CTA. Ya nivel provincial, como decía antes, estamos contando unas 7 u 8 organizaciones con las hemos hechos una marcha el 1º de julio por soberanía alimentaria y por la tenencia de la tierra y la aplicación de la Ley de Arraigo, subsidios para los pequeños productores, etc.

Hay un germen donde estamos empezando a mantener acciones conjuntas con estas organizaciones a nivel provincial. También nos sumamos a actividades de la Vía Campesina, de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), tenemos una relación con el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil, por vecindad digamos. En la frontera de Irigoyen está Dionisio Cerqueiras, a 35 km. Hay una cooperativa del MST-VC con lo cual hay mucha relación. Con el Movimiento de Pequeños Agricultores también tenemos relación.

- Como organización que reivindica el carácter de clase de los campesinos ¿Como vivieron ustedes el conflicto entre las patronales del campo y el gobierno nacional?
- Bueno, en principio, tal como decías, nosotros reivindicamos el carácter de clase del campesinado pero no negamos las particularidades de la lucha campesina, esto también hay que dejarlo claro. Con respecto al tema del conflicto del campo, la UTR no estuvo representada en este conflicto; los intereses que estaban en juego, si bien efectivamente nos afecta como se resuelva, no teníamos representación en las partes, en esa polarización del conflicto. Por ahí en otras zonas si les pasó pero a nosotros no. Sí hemos discutido mucho sobre que hacer ante esa coyuntura, sobre como encarar el conflicto, y bueno, en principio creíamos que no había que poner trabas a la decisión del gobierno de aplicar la resolución 125, solamente por tratar de hacer el menor daño posible. Pero, insisto, como organización, no estuvimos representados en ese conflicto.

- ¿Como ven ustedes la política agraria del actual gobierno, teniendo en cuenta que estamos ante una coyuntura que beneficia a los agroexportadores? Tras el conflicto ¿Han notado mejoras en los programas enfocados a los pequeños productores?
- Por ahora son todos veremos, en el sentido que se habla mucho del doble discurso del gobierno y nosotros creemos que es así. No se si doble discurso, quizá lo que trasluzca son contradicciones internas pero en general hay predisposición a generar espacios de negociación. De todas maneras tenemos claro que este es un Estado que no nos representa por lo que creemos que lo que hay que hacer es organizarse para presionar, y donde hay margen para negociar, pero son las organizaciones del campo popular las que van a lograr conquistas. Los programas, entre ellos el Programa Social Agropecuario lanzando en los ’90, no tiene mayor financiación que en otros gobiernos. La poca plata que llega al sector todavía sigue siendo, junto con el apoyo, insignificante y miserable. Sí hay ahora propuestas de crear SubSecretarías y estas cosas, pero el panorama es que hay que pelear para que haya más políticas hacia nuestras bases. De todas maneras nosotros por ejemplo participamos del Foro de Agricultura Familiar, donde haya un espacio donde, sin renunciar a nuestros principios y a nuestra estrategia, podamos presionar o negociar para el beneficio y el fortalecimiento del sector con el que trabajamos, estamos. Por ahora, si bien hemos notado que hay algunos lugares más de negociación, estamos en veremos por lo que hay que ver que pasas.

sábado, 15 de noviembre de 2008

El agro-diesel en Colombia: negocio de pocos, miseria para muchos.

Mario Alejandro Valencia

Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria – Colombia
Agricultura y Comercio, No. 14. Noviembre – Diciembre 2007.

www.gtagricom.org

Ningún ciudadano sensato podría oponerse al avance científico y tecnológico para mejorar la calidad de vida de las personas y detener la crisis ambiental que sufre el planeta. Sin embargo, no es gratuito que a nivel mundial venga creciendo cada vez con más fuerza los cuestionamientos sobre los supuestos beneficios económicos y ambientales de la producción de agro-combustibles, desde las críticas por convertir grandes extensiones de áreas cultivables y selvas en monocultivos de palma de aceite para producir agro-diesel y caña de azúcar para producir etanol, hasta las denigrantes condiciones humanas que viven los agricultores y trabajadores de los países pobres del Sur.

Colombia no es la excepción a esta fiebre mundial por encontrar fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles. No obstante, la solución que plantean los dirigentes no es producto de su ingenio sino de la política agrícola impuesta por la globalización neoliberal desde 1990, entregando la producción de cereales, hortalizas y frutas de clima templado, cárnicos, lácteos y oleaginosas en los acuerdos comerciales, como el TLC con Estados Unidos, y especializando al país en la producción de cultivos tropicales, altamente sobre-ofrecidos en el mundo. Una felonía que se justifica con la falacia de importar comida barata para toda la población.

La ruina de más de 500.000 productores agropecuarios y campesinos durante la década del 90 y la destrucción de más de un millón de hectáreas, la crisis del café y la violencia rural ocasionaron el desplazamiento de cerca de tres millones de personas del campo a la ciudad y la configuración de una estructura de la propiedad rural de las más inicuas del mundo: el 0,4% de los propietarios, que posee predios de más de 500 hectáreas, acapara el 65% de la tierra. Un resultado de tal estado de cosas es que durante el gobierno del Álvaro Uribe Vélez se hayan sembrado cerca de 117.000 hectáreas más de palma de aceite del total de 328.973 hectáreas que hoy están cultivadas con dicho género. Para el gobierno nacional el potencial de hectáreas cultivables en zonas de rica biodiversidad, como las llanuras del Oriente colombiano, la Selva chocoana y el Pacífico colombiano es de 3.5 millones de hectáreas en los próximos diez años.

En Colombia el negocio del agro-diesel se ha desarrollado para beneficiar a contados conglomerados económicos. Con engañifas, el gobierno de Uribe Vélez pretende mostrar a los pequeños agricultores como ganadores, al vincularlos como ‘socios’ de este negocio. El cultivo de palma de aceite es de tardío rendimiento, por lo que el retorno de su inversión no se da antes de los cinco años de su siembra. Por esta característica sólo es rentables en unidades de producción no menores a 50 hectáreas. Por lo tanto, la condición predominante es que es un cultivo de medianos y grandes propietarios. El negocio también deja sin otra opción a los agricultores que se amarran a un proyecto de largo plazo, eliminando la característica especial que tienen los cultivos transitorios de pasarse a otros que puedan presentar mejor rentabilidad en un momento determinado. En el balance debe tenerse en cuenta el alto costo de oportunidad que esta decisión significa para un agricultor.

También se le miente al país cuando se presentan a los agricultores y a los trabajadores como los ganadores en los proyectos de agro-diesel. Por el contrario, aunque el gobierno afirma que se han creado 90.000 empleos por el agro-diesel, las cifras demuestran que no son más de 4.500 en las 18.500 hectáreas de palma que se dedican para la producción actual del combustible, además en viles condiciones laborales dadas por un tipo de contratación completamente laxo.

Todas las argucias oficiales para mostrar los beneficios de los agro-combustibles en realidad ocultan que es un negocio que busca darle salida a excedentes de capitales, y para ello los inversionistas se valen de los estados que legislan para favorecerlos. El gobierno de Uribe Vélez y especialmente su Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, están obsesionados en convertir al país en un abastecedor mundial de agro-combustibles, mostrándolo como salvación para el agro nacional y progreso para el país.

Durante los últimos años se han encargado de expedir toda clase de leyes que hacen jurídica y económicamente viable la producción agro-diesel. Al definir como principal materia prima para su producción la palma de aceite, se generaron incentivos como: exención de impuestos de IVA y global, se definieron como zonas francas especiales las plantas de agro-diesel, se redujeron o eliminaron los subsidios a los combustibles fósiles, los cultivos de palma fueron exonerados de renta líquida por 10 años. Adicionalmente, por el establecimiento o renovación en cultivos de palma el Ministerio de Agricultura ha aportado 30 millones de dólares en Incentivos de Capitalización Rural – ICR durante los últimos cuatro años para 34.047 hectáreas, es decir, 884 dólares por hectárea. También ha establecido una tasa de crédito preferencial del DTF-2% para establecimiento y renovación de palma, lo que ha tenido un costo fiscal de 7 millones de dólares entre enero y agosto de 2007 para 4.189 hectáreas, es decir, 1.700 dólares por hectárea. Y no obstante lo anterior, el gobierno nacional fija un precio para el agro-diesel que garantiza la recuperación de las inversiones, de US$3,21/galón. Ningún otro cultivo en Colombia tiene tantos beneficios estatales como la palma de aceite.

En la actualidad, en Colombia hay en funcionamiento dos plantas de agro-diesel con una producción total de 26 millones de galones al año, y existen proyecciones para construir 7 más que generarían 195 millones de galones adicionales, todas estas plantas pertenecientes a un oligopolio empresarial que es el que puede asumir los costos de instalación de una planta que sobrepasan los 20 millones de dólares.

Aunque el gobierno colombiano habla de un desarrollo del agro-diesel sin deforestación, ya existen casos que lo contradicen. En Tumaco, por ejemplo, vastos territorios de selvas húmedas han sido reemplazados por monocultivos de palma, que hoy superan las 20.000 hectáreas. Las comunidades han sido despojadas en forma violenta, y destruidos su cultura y los recursos naturales. En la selva chocoana, en territorios de las comunidades afrodescendientes de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, grupos paramilitares se han apropiado violentamente de más de 33.000 hectáreas y desplazado a más de tres mil nativos. A pesar de las denuncias de las comunidades y los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se sabe que en los últimos cinco años el Banco Agrario ha otorgado préstamos a varias de esas firmas palmeras para extender sus cultivos. Según la Procuraduría General de la Nación, el gobierno con la ‘Ley de Desarrollo Rural’ aprobada recientemente, legalizará predios ilegítimamente adquiridos por los paramilitares. Según el Procurador, pareciera que el principal objetivo del gobierno de Uribe "fuese legitimar los cultivos de palma…en el marco de sistemáticas y recurrentes violaciones a los derechos humanos, los cuales, además, han propiciado las amenazas y asesinatos contra quienes se oponen a ellos".

El acelerado avance del agro-diesel en Colombia generará un impacto negativo sobre la soberanía alimentaria, los medios de vida de las poblaciones rurales y los recursos naturales. Las grandes extensiones de monocultivos de palma de aceite se convierten en causa de desplazamiento y deforestación y significan en aumento de la competencia local por la disponibilidad de la tierra y de los demás recursos limitados para la producción agrícola como el capital, el agua y la tecnología, generando un modelo distributivo aún más inicuo y contrario al orden constitucional vigente en Colombia. La conversión de una agricultura para producir alimentos hacia otra para producir energía, redundará en menos disponibilidad de comida tanto en las zonas rurales como en los centros urbanos, generando un aumento de sus precios, causando hambre, desnutrición y más pobreza en el país. Los altos precios mundiales de muchos commodities agrícolas en el presente ya han incidido en Colombia.

Como un agravante, fruto de la Ley de Desarrollo Rural, el gobierno colombiano puede ofrecer en comodato (tierra entregada gratuitamente) por 20 años terrenos baldíos a firmas nacionales o internacionales, aunque no tengan como razón social la producción agraria, para este tipo de iniciativas. Álvaro Uribe ha hecho tal ofrecimiento a George W. Bush y a personajes como Bill Gates con el incentivo de que, al certificarse como supuestas iniciativas ambientalmente amables, podrán gozar de las ventajas financieras otorgadas a través de los mercados bursátiles de los Derechos de Emisión del Protocolo de Kioto. Es decir, "se quedan con el santo y la limosna".

Lo democrático en una nación es que un supuesto negocio tan rentable, como lo afirma el gobierno nacional, beneficie a toda la sociedad. ¿Cómo es que, dentro de la lógica neoliberal, el Estado tiene que privatizar sus empresas aunque sean rentables, no puede subsidiar a sus agricultores porque distorsiona el mercado, pero sí puede llenarle los bolsillos a una escogida y reducida clase empresarial, dizque porque es un proyecto estratégico de la nación? Si bien es necesaria la búsqueda de fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles, es por lo menos irresponsable plantear proyectos de producción de agro-combustibles sin resolver primero la soberanía alimentaria de los ciudadanos.

Fuente: lafogata.org