Mario Alejandro Valencia
Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria – Colombia
Agricultura y Comercio, No. 14. Noviembre – Diciembre 2007.
www.gtagricom.org
Ningún ciudadano sensato podría oponerse al avance científico y tecnológico para mejorar la calidad de vida de las personas y detener la crisis ambiental que sufre el planeta. Sin embargo, no es gratuito que a nivel mundial venga creciendo cada vez con más fuerza los cuestionamientos sobre los supuestos beneficios económicos y ambientales de la producción de agro-combustibles, desde las críticas por convertir grandes extensiones de áreas cultivables y selvas en monocultivos de palma de aceite para producir agro-diesel y caña de azúcar para producir etanol, hasta las denigrantes condiciones humanas que viven los agricultores y trabajadores de los países pobres del Sur.
Colombia no es la excepción a esta fiebre mundial por encontrar fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles. No obstante, la solución que plantean los dirigentes no es producto de su ingenio sino de la política agrícola impuesta por la globalización neoliberal desde 1990, entregando la producción de cereales, hortalizas y frutas de clima templado, cárnicos, lácteos y oleaginosas en los acuerdos comerciales, como el TLC con Estados Unidos, y especializando al país en la producción de cultivos tropicales, altamente sobre-ofrecidos en el mundo. Una felonía que se justifica con la falacia de importar comida barata para toda la población.
La ruina de más de 500.000 productores agropecuarios y campesinos durante la década del 90 y la destrucción de más de un millón de hectáreas, la crisis del café y la violencia rural ocasionaron el desplazamiento de cerca de tres millones de personas del campo a la ciudad y la configuración de una estructura de la propiedad rural de las más inicuas del mundo: el 0,4% de los propietarios, que posee predios de más de 500 hectáreas, acapara el 65% de la tierra. Un resultado de tal estado de cosas es que durante el gobierno del Álvaro Uribe Vélez se hayan sembrado cerca de 117.000 hectáreas más de palma de aceite del total de 328.973 hectáreas que hoy están cultivadas con dicho género. Para el gobierno nacional el potencial de hectáreas cultivables en zonas de rica biodiversidad, como las llanuras del Oriente colombiano, la Selva chocoana y el Pacífico colombiano es de 3.5 millones de hectáreas en los próximos diez años.
En Colombia el negocio del agro-diesel se ha desarrollado para beneficiar a contados conglomerados económicos. Con engañifas, el gobierno de Uribe Vélez pretende mostrar a los pequeños agricultores como ganadores, al vincularlos como ‘socios’ de este negocio. El cultivo de palma de aceite es de tardío rendimiento, por lo que el retorno de su inversión no se da antes de los cinco años de su siembra. Por esta característica sólo es rentables en unidades de producción no menores a 50 hectáreas. Por lo tanto, la condición predominante es que es un cultivo de medianos y grandes propietarios. El negocio también deja sin otra opción a los agricultores que se amarran a un proyecto de largo plazo, eliminando la característica especial que tienen los cultivos transitorios de pasarse a otros que puedan presentar mejor rentabilidad en un momento determinado. En el balance debe tenerse en cuenta el alto costo de oportunidad que esta decisión significa para un agricultor.
También se le miente al país cuando se presentan a los agricultores y a los trabajadores como los ganadores en los proyectos de agro-diesel. Por el contrario, aunque el gobierno afirma que se han creado 90.000 empleos por el agro-diesel, las cifras demuestran que no son más de 4.500 en las 18.500 hectáreas de palma que se dedican para la producción actual del combustible, además en viles condiciones laborales dadas por un tipo de contratación completamente laxo.
Todas las argucias oficiales para mostrar los beneficios de los agro-combustibles en realidad ocultan que es un negocio que busca darle salida a excedentes de capitales, y para ello los inversionistas se valen de los estados que legislan para favorecerlos. El gobierno de Uribe Vélez y especialmente su Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, están obsesionados en convertir al país en un abastecedor mundial de agro-combustibles, mostrándolo como salvación para el agro nacional y progreso para el país.
Durante los últimos años se han encargado de expedir toda clase de leyes que hacen jurídica y económicamente viable la producción agro-diesel. Al definir como principal materia prima para su producción la palma de aceite, se generaron incentivos como: exención de impuestos de IVA y global, se definieron como zonas francas especiales las plantas de agro-diesel, se redujeron o eliminaron los subsidios a los combustibles fósiles, los cultivos de palma fueron exonerados de renta líquida por 10 años. Adicionalmente, por el establecimiento o renovación en cultivos de palma el Ministerio de Agricultura ha aportado 30 millones de dólares en Incentivos de Capitalización Rural – ICR durante los últimos cuatro años para 34.047 hectáreas, es decir, 884 dólares por hectárea. También ha establecido una tasa de crédito preferencial del DTF-2% para establecimiento y renovación de palma, lo que ha tenido un costo fiscal de 7 millones de dólares entre enero y agosto de 2007 para 4.189 hectáreas, es decir, 1.700 dólares por hectárea. Y no obstante lo anterior, el gobierno nacional fija un precio para el agro-diesel que garantiza la recuperación de las inversiones, de US$3,21/galón. Ningún otro cultivo en Colombia tiene tantos beneficios estatales como la palma de aceite.
En la actualidad, en Colombia hay en funcionamiento dos plantas de agro-diesel con una producción total de 26 millones de galones al año, y existen proyecciones para construir 7 más que generarían 195 millones de galones adicionales, todas estas plantas pertenecientes a un oligopolio empresarial que es el que puede asumir los costos de instalación de una planta que sobrepasan los 20 millones de dólares.
Aunque el gobierno colombiano habla de un desarrollo del agro-diesel sin deforestación, ya existen casos que lo contradicen. En Tumaco, por ejemplo, vastos territorios de selvas húmedas han sido reemplazados por monocultivos de palma, que hoy superan las 20.000 hectáreas. Las comunidades han sido despojadas en forma violenta, y destruidos su cultura y los recursos naturales. En la selva chocoana, en territorios de las comunidades afrodescendientes de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, grupos paramilitares se han apropiado violentamente de más de 33.000 hectáreas y desplazado a más de tres mil nativos. A pesar de las denuncias de las comunidades y los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se sabe que en los últimos cinco años el Banco Agrario ha otorgado préstamos a varias de esas firmas palmeras para extender sus cultivos. Según la Procuraduría General de la Nación, el gobierno con la ‘Ley de Desarrollo Rural’ aprobada recientemente, legalizará predios ilegítimamente adquiridos por los paramilitares. Según el Procurador, pareciera que el principal objetivo del gobierno de Uribe "fuese legitimar los cultivos de palma…en el marco de sistemáticas y recurrentes violaciones a los derechos humanos, los cuales, además, han propiciado las amenazas y asesinatos contra quienes se oponen a ellos".
El acelerado avance del agro-diesel en Colombia generará un impacto negativo sobre la soberanía alimentaria, los medios de vida de las poblaciones rurales y los recursos naturales. Las grandes extensiones de monocultivos de palma de aceite se convierten en causa de desplazamiento y deforestación y significan en aumento de la competencia local por la disponibilidad de la tierra y de los demás recursos limitados para la producción agrícola como el capital, el agua y la tecnología, generando un modelo distributivo aún más inicuo y contrario al orden constitucional vigente en Colombia. La conversión de una agricultura para producir alimentos hacia otra para producir energía, redundará en menos disponibilidad de comida tanto en las zonas rurales como en los centros urbanos, generando un aumento de sus precios, causando hambre, desnutrición y más pobreza en el país. Los altos precios mundiales de muchos commodities agrícolas en el presente ya han incidido en Colombia.
Como un agravante, fruto de la Ley de Desarrollo Rural, el gobierno colombiano puede ofrecer en comodato (tierra entregada gratuitamente) por 20 años terrenos baldíos a firmas nacionales o internacionales, aunque no tengan como razón social la producción agraria, para este tipo de iniciativas. Álvaro Uribe ha hecho tal ofrecimiento a George W. Bush y a personajes como Bill Gates con el incentivo de que, al certificarse como supuestas iniciativas ambientalmente amables, podrán gozar de las ventajas financieras otorgadas a través de los mercados bursátiles de los Derechos de Emisión del Protocolo de Kioto. Es decir, "se quedan con el santo y la limosna".
Lo democrático en una nación es que un supuesto negocio tan rentable, como lo afirma el gobierno nacional, beneficie a toda la sociedad. ¿Cómo es que, dentro de la lógica neoliberal, el Estado tiene que privatizar sus empresas aunque sean rentables, no puede subsidiar a sus agricultores porque distorsiona el mercado, pero sí puede llenarle los bolsillos a una escogida y reducida clase empresarial, dizque porque es un proyecto estratégico de la nación? Si bien es necesaria la búsqueda de fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles, es por lo menos irresponsable plantear proyectos de producción de agro-combustibles sin resolver primero la soberanía alimentaria de los ciudadanos.
Fuente: lafogata.org
Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria – Colombia
Agricultura y Comercio, No. 14. Noviembre – Diciembre 2007.
www.gtagricom.org
Ningún ciudadano sensato podría oponerse al avance científico y tecnológico para mejorar la calidad de vida de las personas y detener la crisis ambiental que sufre el planeta. Sin embargo, no es gratuito que a nivel mundial venga creciendo cada vez con más fuerza los cuestionamientos sobre los supuestos beneficios económicos y ambientales de la producción de agro-combustibles, desde las críticas por convertir grandes extensiones de áreas cultivables y selvas en monocultivos de palma de aceite para producir agro-diesel y caña de azúcar para producir etanol, hasta las denigrantes condiciones humanas que viven los agricultores y trabajadores de los países pobres del Sur.
Colombia no es la excepción a esta fiebre mundial por encontrar fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles. No obstante, la solución que plantean los dirigentes no es producto de su ingenio sino de la política agrícola impuesta por la globalización neoliberal desde 1990, entregando la producción de cereales, hortalizas y frutas de clima templado, cárnicos, lácteos y oleaginosas en los acuerdos comerciales, como el TLC con Estados Unidos, y especializando al país en la producción de cultivos tropicales, altamente sobre-ofrecidos en el mundo. Una felonía que se justifica con la falacia de importar comida barata para toda la población.
La ruina de más de 500.000 productores agropecuarios y campesinos durante la década del 90 y la destrucción de más de un millón de hectáreas, la crisis del café y la violencia rural ocasionaron el desplazamiento de cerca de tres millones de personas del campo a la ciudad y la configuración de una estructura de la propiedad rural de las más inicuas del mundo: el 0,4% de los propietarios, que posee predios de más de 500 hectáreas, acapara el 65% de la tierra. Un resultado de tal estado de cosas es que durante el gobierno del Álvaro Uribe Vélez se hayan sembrado cerca de 117.000 hectáreas más de palma de aceite del total de 328.973 hectáreas que hoy están cultivadas con dicho género. Para el gobierno nacional el potencial de hectáreas cultivables en zonas de rica biodiversidad, como las llanuras del Oriente colombiano, la Selva chocoana y el Pacífico colombiano es de 3.5 millones de hectáreas en los próximos diez años.
En Colombia el negocio del agro-diesel se ha desarrollado para beneficiar a contados conglomerados económicos. Con engañifas, el gobierno de Uribe Vélez pretende mostrar a los pequeños agricultores como ganadores, al vincularlos como ‘socios’ de este negocio. El cultivo de palma de aceite es de tardío rendimiento, por lo que el retorno de su inversión no se da antes de los cinco años de su siembra. Por esta característica sólo es rentables en unidades de producción no menores a 50 hectáreas. Por lo tanto, la condición predominante es que es un cultivo de medianos y grandes propietarios. El negocio también deja sin otra opción a los agricultores que se amarran a un proyecto de largo plazo, eliminando la característica especial que tienen los cultivos transitorios de pasarse a otros que puedan presentar mejor rentabilidad en un momento determinado. En el balance debe tenerse en cuenta el alto costo de oportunidad que esta decisión significa para un agricultor.
También se le miente al país cuando se presentan a los agricultores y a los trabajadores como los ganadores en los proyectos de agro-diesel. Por el contrario, aunque el gobierno afirma que se han creado 90.000 empleos por el agro-diesel, las cifras demuestran que no son más de 4.500 en las 18.500 hectáreas de palma que se dedican para la producción actual del combustible, además en viles condiciones laborales dadas por un tipo de contratación completamente laxo.
Todas las argucias oficiales para mostrar los beneficios de los agro-combustibles en realidad ocultan que es un negocio que busca darle salida a excedentes de capitales, y para ello los inversionistas se valen de los estados que legislan para favorecerlos. El gobierno de Uribe Vélez y especialmente su Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, están obsesionados en convertir al país en un abastecedor mundial de agro-combustibles, mostrándolo como salvación para el agro nacional y progreso para el país.
Durante los últimos años se han encargado de expedir toda clase de leyes que hacen jurídica y económicamente viable la producción agro-diesel. Al definir como principal materia prima para su producción la palma de aceite, se generaron incentivos como: exención de impuestos de IVA y global, se definieron como zonas francas especiales las plantas de agro-diesel, se redujeron o eliminaron los subsidios a los combustibles fósiles, los cultivos de palma fueron exonerados de renta líquida por 10 años. Adicionalmente, por el establecimiento o renovación en cultivos de palma el Ministerio de Agricultura ha aportado 30 millones de dólares en Incentivos de Capitalización Rural – ICR durante los últimos cuatro años para 34.047 hectáreas, es decir, 884 dólares por hectárea. También ha establecido una tasa de crédito preferencial del DTF-2% para establecimiento y renovación de palma, lo que ha tenido un costo fiscal de 7 millones de dólares entre enero y agosto de 2007 para 4.189 hectáreas, es decir, 1.700 dólares por hectárea. Y no obstante lo anterior, el gobierno nacional fija un precio para el agro-diesel que garantiza la recuperación de las inversiones, de US$3,21/galón. Ningún otro cultivo en Colombia tiene tantos beneficios estatales como la palma de aceite.
En la actualidad, en Colombia hay en funcionamiento dos plantas de agro-diesel con una producción total de 26 millones de galones al año, y existen proyecciones para construir 7 más que generarían 195 millones de galones adicionales, todas estas plantas pertenecientes a un oligopolio empresarial que es el que puede asumir los costos de instalación de una planta que sobrepasan los 20 millones de dólares.
Aunque el gobierno colombiano habla de un desarrollo del agro-diesel sin deforestación, ya existen casos que lo contradicen. En Tumaco, por ejemplo, vastos territorios de selvas húmedas han sido reemplazados por monocultivos de palma, que hoy superan las 20.000 hectáreas. Las comunidades han sido despojadas en forma violenta, y destruidos su cultura y los recursos naturales. En la selva chocoana, en territorios de las comunidades afrodescendientes de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, grupos paramilitares se han apropiado violentamente de más de 33.000 hectáreas y desplazado a más de tres mil nativos. A pesar de las denuncias de las comunidades y los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se sabe que en los últimos cinco años el Banco Agrario ha otorgado préstamos a varias de esas firmas palmeras para extender sus cultivos. Según la Procuraduría General de la Nación, el gobierno con la ‘Ley de Desarrollo Rural’ aprobada recientemente, legalizará predios ilegítimamente adquiridos por los paramilitares. Según el Procurador, pareciera que el principal objetivo del gobierno de Uribe "fuese legitimar los cultivos de palma…en el marco de sistemáticas y recurrentes violaciones a los derechos humanos, los cuales, además, han propiciado las amenazas y asesinatos contra quienes se oponen a ellos".
El acelerado avance del agro-diesel en Colombia generará un impacto negativo sobre la soberanía alimentaria, los medios de vida de las poblaciones rurales y los recursos naturales. Las grandes extensiones de monocultivos de palma de aceite se convierten en causa de desplazamiento y deforestación y significan en aumento de la competencia local por la disponibilidad de la tierra y de los demás recursos limitados para la producción agrícola como el capital, el agua y la tecnología, generando un modelo distributivo aún más inicuo y contrario al orden constitucional vigente en Colombia. La conversión de una agricultura para producir alimentos hacia otra para producir energía, redundará en menos disponibilidad de comida tanto en las zonas rurales como en los centros urbanos, generando un aumento de sus precios, causando hambre, desnutrición y más pobreza en el país. Los altos precios mundiales de muchos commodities agrícolas en el presente ya han incidido en Colombia.
Como un agravante, fruto de la Ley de Desarrollo Rural, el gobierno colombiano puede ofrecer en comodato (tierra entregada gratuitamente) por 20 años terrenos baldíos a firmas nacionales o internacionales, aunque no tengan como razón social la producción agraria, para este tipo de iniciativas. Álvaro Uribe ha hecho tal ofrecimiento a George W. Bush y a personajes como Bill Gates con el incentivo de que, al certificarse como supuestas iniciativas ambientalmente amables, podrán gozar de las ventajas financieras otorgadas a través de los mercados bursátiles de los Derechos de Emisión del Protocolo de Kioto. Es decir, "se quedan con el santo y la limosna".
Lo democrático en una nación es que un supuesto negocio tan rentable, como lo afirma el gobierno nacional, beneficie a toda la sociedad. ¿Cómo es que, dentro de la lógica neoliberal, el Estado tiene que privatizar sus empresas aunque sean rentables, no puede subsidiar a sus agricultores porque distorsiona el mercado, pero sí puede llenarle los bolsillos a una escogida y reducida clase empresarial, dizque porque es un proyecto estratégico de la nación? Si bien es necesaria la búsqueda de fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles, es por lo menos irresponsable plantear proyectos de producción de agro-combustibles sin resolver primero la soberanía alimentaria de los ciudadanos.
Fuente: lafogata.org
1 comentario:
Preocupación por veto presidencial a la Ley de Protección de Glaciares
El Movimiento de Apoyo en la lucha por la Tierra (MALUT), expresa su preocupación por el veto del Poder Ejecutivo Nacional a la Ley de Protección de Glaciares sancionada por el Honorable Congreso de la Nación el 20 de octubre pasado.
La recientemente vetada Ley de Protección de Glaciares creaba un "Inventario Nacional de Glaciares" donde podían individualizarse, monitorearse y protegerse todas las formaciones existentes en el país, además de prohibir que en su entorno se realizaran actividades que pudieran afectar sus condiciones naturales o dispersar sustancias tóxicas, así como la instalación de industrias y de toda forma de infraestructura que no tuviera una finalidad científica. Sin embargo esta ley no prohibía en forma absoluta la explotación minera, solo lo hacía cuando esta se desarrollara sobre glaciares, hielos permanentes o reservas de agua.
El decreto de veto N° 1837/2008 expresa que la prohibición de este tipo de actividades pueden afectar la economía de las provincias con emprendimientos mineros, lo cual no es cierto ya que los actividades extractivas son llevadas a cabo por empresas multinacionales que pagan regalías inferiores a los subsidios que reciben del Estado gracias a la Ley de Minería vigente, generan desempleo y contaminación, y compiten por el agua con las actividades propias de las comunidades. Como ejemplo de esto podemos mencionar a la canadiense Barrick Gold en La Rioja, La Alumbrera en Catamarca, la Mina de Oro en Esquel, el emprendimiento Potasio Río Colorado de capitales británicos, chinos y australianos en el sur mendocino y oeste pampeano, la mina de Uranio en el norte de Córdoba, entre otros.
Creemos que con este decreto el Gobierno Nacional esta dando el mensaje de que los emprendimientos mineros son más importantes que el agua, los recursos naturales, la salud de los ciudadanos y la soberanía sobre nuestro territorio.
Por ello el MALUT repudia el decreto presidencial N° 1837/2008 y llama a personas y organizaciones sociales a sumarse a la lucha por una ley que no solo proteja los glaciares y el patrimonio ambiental, sino que también establezca la nacionalización bajo control popular de nuestros recursos naturales.
Santa Rosa, noviembre de 2008.
"Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo."
Constitución Nacional Argentina, art. 41.
Para adhesiones o contactos con MALUT: enlaluchaporlatierra@gmail.com ó www.enlaluchaporlatierra.blogspot.com.
Publicar un comentario