El gobierno huye de la realidad al decir que perseguirá a los “usurpadores”
Cuando el problema es la falta de vivienda y trabajo a causa de la ausencia de políticas redistributivas, el gobierno declara que saldrá a investigar y perseguir “usurpadores”. Otra vez criminalizar la protesta y la pobreza.
En estos últimos meses se han manifestado diferentes acciones de ocupación de terrenos para construir viviendas en distintos lugares de la provincia. Capital, Palmira y Maipú son algunos de ellos. Son grupos de familias que empujados por la difícil realidad económica y social que atravesamos se organizan precariamente para buscar una salida.
La realidad es que existen miles de familias sin casa, como también miles de campesinos sin tierra en nuestra provincia, y que el trabajo escasea y una gran parte esta precarizado y en negro. Consecuencia de la concentración de las riquezas, particularmente de la tierra, concentración que se acrecienta día a día. No solo en manos de capitales locales, si no que en gran medida son capitales extranjeros los que adquieren nuestro territorio, reservas de agua, minerales, etc…
Urge desarrollar políticas distributivas que permitan que las familias accedan a derechos humanos básicos como la vivienda digna, o la parcela de tierra para el trabajo digno.
Es necesario que la política impositiva cambie radicalmente para que sean los que más ganan, quienes aporten el recurso necesario para revertir esta dramática situación. En argentina ya superó el 20% la tierra en manos extranjeras. Nuestra provincia es vanguardia en extranjerización.
Sin embargo el gobierno, que nada ha hecho para cambiar esta realidad, pone más énfasis en denunciar a los “usurpadores” que en desarrollar alternativas políticas y sociales. Amenazando que perseguirán a todos los que instiguen a la gente pobre a “usurpar”. De esta manera, como siempre la propiedad privada está por encima de cualquier derecho humano de los pueblos.
Sin embargo esto se agrava porque cuando son familias pobres, se habla del delito penal de “usurpación”, pero cuando son grupos poderosos se dice que hay litigios en la justicia. Cuantas cientos de miles de hectáreas del estado, de la universidad y del ejército han sido verdaderamente usurpadas por grupos económicos poderosos para aumentar sus negocios inmobiliarios y nadie los acusa de nada.
También miles de familias campesinas son diariamente amenazadas de desalojo por empresarios inescrupulosos que cuentan con la colaboración de jueces y policías corruptos. La posesión veinteñal de las familias campesinas, consagrada en el código civil es permanentemente violada. No hemos escuchado declaraciones tan enérgicas del gobierno en esos casos, cuando es conocido que existen asociaciones ilícitas que se dedican a eso. Pocos medios toman esta problemática con la profundidad que debe tener.
Pero en los casos en los cuales “los pobres” “usurpan” terrenos hasta nos fijamos si quienes estaban tenían zapatillas “adidas” o no, como diciendo que un pobre no puede vestirse bien, porque es pobre y tampoco tiene ese derecho.
Las ocupaciones denotan que hay necesidades y que un sistema perverso protege a aquellos que tienen mucho dinero para que sigan acumulando a cambio del hambre de las mayorías.
Hubiéramos esperado declaraciones más valientes, que digan que se iban a tomar todas las medidas necesarias para qué deje de existir la pobreza, el hambre, la marginación, es decir las causas de la inseguridad.
Rechazamos terminantemente la tesis de que el problema son las organizaciones y que la causa es que hay instigadores a la usurpación, eso es una estrategia del gobierno y de algunos medios para alejarnos de la realidad. Exhortamos a que se prioricen los derechos humanos de las mayorías por sobre los intereses de algunos pocos empresarios.
Es momento de la soberanía alimentaria, el estado deba fortalecer la economía campesina, la producción de alimentos para los mercados locales, el acceso a la tierra y el agua, el acceso a la vivienda y al trabajo digno. Esto no se logra subsidiando grandes empresas, sino cobrándoles impuestos y promoviendo cooperativas y asociaciones de trabajadores y campesinos.
Es urgente declarar la función social de la tierra y el agua, o el pueblo de Mendoza terminará de quedar a merced de unos cuantos empresarios y multinacionales que solo esperan aumentar su lucro sin medir las consecuencias sociales, económicas y ambientales de sus actos.
Tierra, Agua y Justicia para los excluidos del campo
Reforma Agraria y soberanía alimentaria
Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza
Movimiento Nacional Campesino Indígena
Vía Campesina
Contactos: campesinosdecuyo@gmail.com , 0261 4905028 – 155615062
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