Una ley de Suelos Hecha para los Poderosos

Se pretende aprobar la conflictiva Ley de Suelos

La Ley de ordenamiento y uso territorial del suelo sigue cosechando críticos en diversos sectores de la sociedad mendocina. Circuló fuertemente el viernes pasado un rumor de que se trataría la media sanción que le resta en el senado esta semana, antes del recambio legislativo. Es decir, posible aprobación “entre gallos y medianoche”. Ante esta situación, mañana martes 25 se concentrarán organizaciones sociales, políticas, culturales, campesinas, profesionales, etc. a las 10.00 frente a la Legislatura Provincial.

Por Natalia Brtite

24/04/06 Diversas organizaciones ya se han apuntado a la lista de los “dispuestos a oponerse fuertemente a esta ley”. Se presume que se puede dar la sanción en la Cámara de Senadores este martes 25, sin tomar en cuenta las críticas que expresan diversos sectores de la sociedad. Mañana a las 10.00 habrá una concentración para impedir que se apruebe.

Algunas de las organizaciones que se expresaron en contra de este proyecto son: el Foro Corriente de Opinión Ciudadana, el Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CRICYT) de la UNCuyo, la Sociedad de Arquitectos de Mendoza, la asociación Arquisol , la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo, las organizaciones ambientalistas Oikos Red Ambiental y Cullunche, la Unión Trabajadores Rurales Sin Tierra, la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas (APYME Mendoza), entre muchos otras.

Esta ley logró la sanción de la cámara de diputados en Mendoza el pasado 05 de abril (ver La Ley de Suelos permitirá la construcción de barrios privados en el pedemonte ). Contiene puntos que generan muchas oposiciones respecto de quiénes salen beneficiados en cuanto a la incumbencia del control. Además impliica el uso de uno de los recursos más valiosos de la época: el agua.

Algunos fundamentos

A través de entrevistas hechas por ATPA y de diversos comunicados públicos de las organizaciones que se oponen a esta ley, proponemos aquí un repaso de algunos de los argumentos de rechazo al intento del poder para quebrar el derecho al uso social, razonable y sustentable de la tierra, y el agua.

El CRICYT le presetó al vice gobernador de Mendoza Juan Carlos Jaliff (consultar en www.cricyt.edu.ar) un análisis efectuado por un grupo de expertos en la temática, pertenecientes al Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas, al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales y al Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales. En éste rechaza lo sancionado por la Cámara de Diputados y solicita que se convoque a elaborar un nuevo proyecto de ley que refleje las necesidades y derechos de la sociedad en su conjunto.

El informe aclara que cuando se habla de suelo (en este caso) no es sólo la parte superficial de la tierra, sino que se asemeja a territorio, lo cual se liga directamente a “ambiente”. Las críticas principales de éste órgano de investigación académica tienen que ver, en principio, con que “desde lo legal vemos dos leyes en una, y las dos muy complejas. Por una parte, la de uso de suelos, y por otra, la de fraccionamiento o loteos”. Es una propuesta que responde solamente “a algunos intereses, no a los de la sociedad en su conjunto”. Además, “no responde a los conceptos básicos que estamos manejando los planificadores, que son los que provienen de la ‘Agenda 21’: los nuevos paradigmas ambientales. No vemos tratado como elemento rector la definición de desarrollo sustentable ni el modelo de provincia que queremos los mendocinos; no considera las fuentes de financiamiento; se plantea un consejo multitudinario cuyos dictámenes no son vinculantes; entre otros elementos".

Un punto preponderado en el desarrollo hecho por el CRICYT tiene que ver con quiénes serán beneficiados con esta ley: “los que más se benefician son los sectores inmobiliarios, los actores privados. Lo que el proyecto denomina, “emprendedores”. Esta redacción tiene mucho de ley urbana, olvidando el resto del territorio y de los usos”. Esta crítica es compartida por las organizaciones de trabajadores y comunidades rurales, que también se oponen.

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