La represión a campesinos también llegó a Mendoza. Una topadora al servicio de un abogado y docente universitario arrasó un rancho campesino, destruyó corrales y mató animales.
Víctor Quiroga y Blanca Montenegro cumplen la regla no escrita, pero histórica, del campesinado argentino: formaron una familia numerosa (diez hijos), viven de lo que producen con sus manos y se aferran a la tierra como fuente de alimento, costumbres e historia. Habitan desde hace 40 años en Jocolí, una localidad a 60 kilómetros al norte de la capital mendocina, donde el mayor pesar siempre fue la falta de agua, que impide dedicarse a la agricultura. Pero hace tres meses conocieron un mal mayor: un abogado mendocino y docente universitario de derecho se presentó como dueño de su finca, exigió que se retiren del lugar y amenazó con sacarlos por la fuerza. El lunes pasado, esos dichos se plasmaron: con una adolescente dentro del rancho, una topadora derribó las paredes y, literalmente, destruyó la casa. También arrasó con los corrales y mató animales. La Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), organización social donde participa la familia, ya comenzó la reconstrucción de la vivienda, advirtió que resistirán cualquier intento de desalojo y elaboró un documento donde vincula la represión con el modelo rural excluyente de Mendoza. El denunciado niega las acusaciones.
La familia Quiroga habita desde hace cuarenta años una finca de 50 hectáreas sobre la ruta nacional 40, en el kilómetro 3345. Siempre fue una región de escaso valor inmobiliario, donde la obtención de ingresos se logra con la cría y venta de animales. En mayo último, Teófilo Aruani, abogado de Obras Sanitarias de Mendoza (el ente que se encarga de la distribución del agua provincial) y docente de Derecho en la Universidad Nacional de Cuyo, reclamó esas tierras como propias y exigió que la familia abandone la finca.
A fines de agosto, una topadora al servicio de Aruani intentó iniciar el desmonte, pero familias de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) impidieron el avance de la máquina, la echaron del lugar y denunciaron la acción ante la Tercera Fiscalía Correccional, a cargo de Elena del Carmen Alcaraz. El lunes pasado, a las 11, comenzó la replica: la misma topadora derribó la casa (con una adolescente, hija del matrimonio, dentro –-logró salir sin heridas--), destruyó los corrales y mató una veintena de cabritos.
“El derecho veinteañal, consagrado en el Código Civil argentino, legisla que luego de veinte años de posesión, el ocupante que dio uso productivo a una tierra, tienen derechos sobre el lugar. La familia lleva cuarenta años de posesión y la fiscal no sólo no hace valer ese derecho, sino que trató de usurpadores a Blanca y Víctor”, denunció la organización. Luego de la agresión, la nueva denuncia pasó a la fiscal Girma Domínguez (de la Quinta Fiscalía), quien dejó la causa en manos, nuevamente, de Elena del Carmen Alcaraz, quien aún no solicitó, como suele suceder en estos casos, el secuestro de la topadora ni prohibió a los acusados acercarse al campo familiar.
Teófilo Aruani cuenta una historia opuesta. Aseguró a este diario que compró “de buena fe” en 2006 el predio, pagó 75 mil pesos y sostuvo que allí nunca habitó nadie. “Compré para sembrar olivo, pero se metieron estas personas, son intrusos. Sobre la demolición del rancho, yo la ordené, estaba en el lugar y no había nadie y no matamos animales. Tiramos el rancho abajo para que no vuelva a meterse ningún intruso. Todo se hizo bajo la ley. Un escribano estuvo presente”, contó.
Desde el Departamento de Prensa del Poder Judicial explicaron que el conflicto estaba en una “etapa de conciliación”, a la espera de un segundo encuentro entre las partes, y resaltaron que Aruani cometió un “acto de desobediencia ante la Justicia” por accionar en un periodo de negociación ya acordado.
Luego del paso de la topadora, el abogado presentó un acta de escribano donde afirmaba la conformidad de las partes. “Desde la Fiscalía se comprobó que eso es falso, por lo cual se solicitaron dos investigaciones: una por falsedad ideológica y, otra, por daños, amenazas y desobediencia”, afirmaron desde Prensa de la Tercera Fiscalía Correccional.
Ayer a mañana, las familias campesinas comenzaron con la reconstrucción de la vivienda y afirmaron que no dejarán el lugar. “Sin tierra, no somos”, advirtieron.
-“Más que un hecho aislado”
Mendoza es bien conocida por sus vinos y sus atractivos turísticos. Pero no es tan difundida su realidad rural: el 60 por ciento de la población campesina está por debajo de la línea de pobreza, el 22,6 por ciento es indigente y el 66 por ciento de los trabajos son precarios. Todo según el relevamiento oficial “Condiciones de vida de los hogares rurales”, de la Dirección de Estudios e Investigaciones Económicas (DEIE). Además, desde los últimos años se sumó a la lista de provincias donde empresarios impulsan desalojos de campesinos e indígenas con derechos de posesión. Con casi 5000 familias con posesión veinteañal, según un relevamiento de la organización, existen conflictos en el norte de la provincia (focalizados en los departamentos de Lavalle, Santa Rosa, Tupungato y San Martín) y desde el año pasado se multiplican los desalojos violentos en el sur (San Rafael, Alvear y Malargüe).
“El actual tipo de cambio y las bajas retenciones a las exportaciones han revalorizado el precio de la tierra en Argentina. Además, el ‘boom de la soja’ y las forestales van desplazando a la ganadería desde el litoral y La Pampa hacia esta provincia. Así, las empresas, donde también están las mineras, intentan por todos los medios apropiarse de tierras y agua, comprando, fraguando títulos, usurpando, y prometiendo un progreso y empleo que son mentiras”, explican los Sin Tierra de Mendoza, compuesta por 500 familias e integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI).
En el informe “Una tierra para todos”, de la Conferencia Episcopal Argentina de 2006, se remarca que Mendoza es la principal provincia en concentración de tierras: el diez por ciento de las explotaciones agropecuarias monopoliza el 96 por ciento de la tierra provincial. A esto se suma que, según el Censo Nacional Agropecuario de 2002, el 50 por ciento de las propiedades con “derecho a riego” están abandonadas o improductivas (sólo el tres por ciento de la tierra mendocina cuenta con “derecho de riego” –-agua en cantidad suficiente para desarrollar la agricultura--, legislada por una ley provincial de 1884, cuando se determinó qué zonas tendrían agua: fueron beneficiadas las pertenecientes a los grandes propietarios de la época. En 123 años, esa norma, y esa zona de riego, no fueron modificadas).
“Ocho de cada diez familias no pueden producir por no contar con agua. Por eso impulsamos retomar fincas improductivas, para que los campesinos no tengan que irse a la ciudad. Sólo en la última década, 200 mil familias del país sufrieron ese destino”, resaltan desde la organización, que creó un proyecto de ley que declara la función social de la tierra.
En El Nihuil, una zona turística en el sur provincial (departamento de San Rafael), en enero último comenzó la represión a medio centenar de históricos puesteros del lugar (todos ellos con posesión mayor a treinta años), casi 20 mil hectáreas. De forma similar a lo sucedido en Jocolí: empresarios se presentaron como dueños, no exhibieron títulos y exigieron que abandonen el lugar. Comenzaron a alambrar campos, cerrar caminos y tranqueras, cortar las aguadas, y les exigieron entregar regularmente animales mientras no abandonen la zona (a forma de pago por derecho de pastoreo). Ruperta Arenas de González, de 78 años y con cinco décadas de vida en el lugar, fue el caso testigo: le tiraron abajo la casa, le robaron los muebles y mataron animales. Su esposo, “Don González”, como todos lo conocían, falleció. “Creyó que habíamos perdido nuestra tierra, y murió de pena”, lamentó la viuda.
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