Fabián Pena
Rebelión
En los últimos años, las sociedades de los países del Sur han comenzado a resistirse a los dictados de los organismos de las Naciones Unidas controlados por las corporaciones transnacionales, como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial; resistencia que comienza a desplazarse hacia otros organismos especializados menos conocidos por la opinión pública, pero de importancia capital (en todas sus acepciones) para la subsistencia de las políticas globales impulsadas por el G-8 ó países más ricos.
Estos dictados, si bien responden a patrones comunes, adquieren características distintivas en determinadas regiones del planeta y poseen algunos aspectos de fácil visualización, si se quita el velo que cubre la realidad impuesta desde el Norte. Para las corporaciones internacionales y los gobiernos de países centrales, la circulación de bienes y servicios se ha visto restringida por la aplicación de las antiguas leyes de propiedad intelectual, hecho que ha sido “corregido” en el año 1994 en ocasión de consagrarse el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC o TRIPS.
Este acuerdo impuesto por los países ricos no resultó sin embargo lo suficientemente estricto para controlar totalmente aquella parte de los flujos de capital “apropiables intelectualmente” por aplicación de leyes nacionales; de allí el avance sobre los ADPIC-plus, TLCs, Alquitas, PCT, Tratados de Radiodifusión y otros.
Todos los tratados o convenios internacionales, desde el Convenio de París para la Propiedad Industrial en adelante, derivan de aplicar el principio de la “propiedad privada” sobre los bienes materiales (proveniente de la constitución francesa de 1791 y asimilado luego por las leyes norteamericana y la mayoría de los países europeos), a los denominados “bienes intangibles” (que no son bienes porque no se consumen en su utilización). Esta ha sido y continúa siendo la argucia que le ha permitido al capitalismo corporativo de finales del siglo XX y principios de XXI apropiarse legal, pero ilegítimamente, de una tasa extra de ganancias mediante el sobreprecio aplicado a bienes y servicios originados en las creaciones humanas relacionadas con la cultura, la ciencia y la tecnología.
La aplicación de un mismo principio (la propiedad privada) a creaciones de orígenes disímiles (obras de arte, cinematográficas, televisivas, literarias, audiovisuales; tecnologías: aparatos, productos y procesos farmacéuticos, biotecnológicos, químicos, mecánicos, electrónicos), ha generado uno de los más formidables mecanismos de expoliación creados por el capitalismo en su acelerado proceso de privatización de riquezas producidas socialmente por la humanidad.
Algunos investigadores consideran que “la propiedad intelectual” es el último bastión de subsistencia legal del sistema capitalista dado que, particularmente en los Estados Unidos, esas actividades son las más rentables y esencialmente susceptibles de la protección por leyes de propiedad intelectual (propiedad industrial, y derechos de autor y conexos). Esta es la causa de todas las acciones de presión, chantaje [1] y estigmatización desplegadas por las megaempresas a escala planetaria [2] y dirigidas al control total, tanto de las oficinas regionales y nacionales de propiedad industrial, derechos de autor, entidades de gestión colectiva (en especial de escritores, músicos e intérpretes), como de aduanas, organismos de control de impuestos, fiscalías, juzgados federales, policías federales, ministerios y legislaturas nacionales, en particular en aquellos países de economías fuertemente deficitarias en términos de balanza comercial de bienes manufacturados, e importadores de tecnología, tal es el caso de los países latinoamericanos y caribeños.
Las modificaciones introducidas o a introducir, en las leyes de propiedad intelectual de los países de Latinoamérica y El Caribe (Argentina, Brasil, Chile, México, Nicaragua, Ecuador, Panamá, Venezuela), las actividades destinadas a perpetuar el actual sistema doctrinario de propiedad intelectual a través de seminarios, talleres y simposios; y las acciones de presión directa de representantes de gobiernos del Norte para hacer eficaz la protección dentro de las estructuras estatales, han formado parte de una dinámica agenda lobbista.
Varios especialistas neoliberales han advertido que las políticas emanadas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y de la OMC se han visto socavadas por las demoras originadas en las reuniones y asambleas de diversos tratados internacionales desarrolladas en Ginebra, produciéndose con el paso del tiempo, una considerable pérdida de ganancias en los países centrales debido a las trabas impuestas por el tercer mundo. Esta advertencia comienza a materializarse en los últimos meses a través de algunos acontecimientos producidos en países de la Región que han sido descriptas en varios informes y publicaciones:
Argentina:
* Proyectos de modificación de ley de Derechos de autor (aumento de protección en años que pasa de 70 a 80 después de la muerte del autor, defendiéndose así los derechos corporativos de editoriales y discográficas)[3].
* Proyecto de modificación de ley de Marcas: aumento de penas y multas por “falsificación” de marcas y “piratería” con el propósito de asociar estas infracciones con delitos de mayor gravedad [4].
* Creación de maestría de propiedad intelectual auspiciada por OMPI, bajo la doctrina de los países centrales[5].
* Llamativa visita del embajador de los Estados Unidos al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina [6], la Aduana [7] y el Organismo Federal de Impuestos [8].
* Reunión de Directores de oficinas de propiedad industrial y derechos de autor de Latinoamérica y el Caribe en Buenos Aires, bajo el auspicio de OMPI [9].
* Reunión de Directores de Propiedad Industrial de Latinoamérica y El Caribe bajo el auspicio de EPO [10].
* Seminarios auspiciados por OMPI, EPO y OEPM [11].
* Concurso auspiciado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina [12].
Brasil:
* Nominación por OMPI de la oficina de patentes de este país, INPI Brasil, como examinadora de búsquedas y patentes de controvertido tratado internacional, PCT [13].
* Organización de maestría de propiedad intelectual bajo la doctrina neoliberal junto con la Oficina Norteamericana de patentes y marcas (USPTO) y la Oficina Europea de Patentes (EPO), con el auspicio de OMPI.
* Reunión para la creación de la Red Mundial de Academias de propiedad intelectual (México, Cuba, Australia, Corea, Brasil, EPO, junto a OMPI [14].
* Acuerdo de la Oficina de Patentes con la Oficina de Reino Unido de Gran Bretaña [15].
* Organización de varios eventos de marcas, patentes y diseños en conjunto con OMPI [16].
Chile:
* Creación de Instituto de propiedad intelectual por presiones de organismos internacionales y gobiernos de países centrales bajo amenaza de incorporación a la lista 301 [17].
* Presiones políticas bajo amenazas de sanciones para cumplir con el tratado TLC suscrito con los Estados Unidos[18].
* Proyecto de ley para ingreso al tratado PCT[19].
Nicaragua:
* Actual envío de proyecto de ley de patentes a la asamblea legislativa para alinearla al tratado TLC suscrito con Estados Unidos en el anterior gobierno [20].
Cuba:
* Bloqueo de marcas de origen cubano por parte de los Estados Unidos, particularmente de ron y tabaco [21].
México:
* Masivas campañas mediáticas de denuncias y control de “piratería”.
Ecuador:
* Llamativa posición de la Oficina de propiedad intelectual en contra de las copias no autorizadas y en sintonía con los organismos internacionales [22].
Panamá:
* Visita de funcionarios de OMPI para evaluar junto al gobierno local la posibilidad de crear la Oficina Latinoamericana de Propiedad Intelectual bajo el control de países centrales [23].
Venezuela:
* Campaña nacional e internacional para neutralizar las modificaciones introducidas en la reforma de la constitución (Artículo 98) .
Este trabajo lento pero persistente, hacia los organismos y gobiernos de países “en desarrollo” incluyen las presiones políticas, la adhesión por conveniencia o subsistencia en el cargo de funcionarios locales, la cooptación ideológica, la falta de patriotismo, la dádiva oculta, la debilidad ideológica, la falta de información, conocimientos y capacitación de los funcionarios medios.
En los casos expuestos, se denota las grietas y debilidades estructurales en las políticas públicas relacionadas con los derechos intelectuales en los países del Sur, y la desesperación de los factores de poder por aumentar el control sobre ganancias, que resulten el salvavidas de un sistema político, económico y social tan decadente como los decadentes personajes que lo lideran.
fabpena@gmail.com
Rebelión
En los últimos años, las sociedades de los países del Sur han comenzado a resistirse a los dictados de los organismos de las Naciones Unidas controlados por las corporaciones transnacionales, como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial; resistencia que comienza a desplazarse hacia otros organismos especializados menos conocidos por la opinión pública, pero de importancia capital (en todas sus acepciones) para la subsistencia de las políticas globales impulsadas por el G-8 ó países más ricos.
Estos dictados, si bien responden a patrones comunes, adquieren características distintivas en determinadas regiones del planeta y poseen algunos aspectos de fácil visualización, si se quita el velo que cubre la realidad impuesta desde el Norte. Para las corporaciones internacionales y los gobiernos de países centrales, la circulación de bienes y servicios se ha visto restringida por la aplicación de las antiguas leyes de propiedad intelectual, hecho que ha sido “corregido” en el año 1994 en ocasión de consagrarse el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC o TRIPS.
Este acuerdo impuesto por los países ricos no resultó sin embargo lo suficientemente estricto para controlar totalmente aquella parte de los flujos de capital “apropiables intelectualmente” por aplicación de leyes nacionales; de allí el avance sobre los ADPIC-plus, TLCs, Alquitas, PCT, Tratados de Radiodifusión y otros.
Todos los tratados o convenios internacionales, desde el Convenio de París para la Propiedad Industrial en adelante, derivan de aplicar el principio de la “propiedad privada” sobre los bienes materiales (proveniente de la constitución francesa de 1791 y asimilado luego por las leyes norteamericana y la mayoría de los países europeos), a los denominados “bienes intangibles” (que no son bienes porque no se consumen en su utilización). Esta ha sido y continúa siendo la argucia que le ha permitido al capitalismo corporativo de finales del siglo XX y principios de XXI apropiarse legal, pero ilegítimamente, de una tasa extra de ganancias mediante el sobreprecio aplicado a bienes y servicios originados en las creaciones humanas relacionadas con la cultura, la ciencia y la tecnología.
La aplicación de un mismo principio (la propiedad privada) a creaciones de orígenes disímiles (obras de arte, cinematográficas, televisivas, literarias, audiovisuales; tecnologías: aparatos, productos y procesos farmacéuticos, biotecnológicos, químicos, mecánicos, electrónicos), ha generado uno de los más formidables mecanismos de expoliación creados por el capitalismo en su acelerado proceso de privatización de riquezas producidas socialmente por la humanidad.
Algunos investigadores consideran que “la propiedad intelectual” es el último bastión de subsistencia legal del sistema capitalista dado que, particularmente en los Estados Unidos, esas actividades son las más rentables y esencialmente susceptibles de la protección por leyes de propiedad intelectual (propiedad industrial, y derechos de autor y conexos). Esta es la causa de todas las acciones de presión, chantaje [1] y estigmatización desplegadas por las megaempresas a escala planetaria [2] y dirigidas al control total, tanto de las oficinas regionales y nacionales de propiedad industrial, derechos de autor, entidades de gestión colectiva (en especial de escritores, músicos e intérpretes), como de aduanas, organismos de control de impuestos, fiscalías, juzgados federales, policías federales, ministerios y legislaturas nacionales, en particular en aquellos países de economías fuertemente deficitarias en términos de balanza comercial de bienes manufacturados, e importadores de tecnología, tal es el caso de los países latinoamericanos y caribeños.
Las modificaciones introducidas o a introducir, en las leyes de propiedad intelectual de los países de Latinoamérica y El Caribe (Argentina, Brasil, Chile, México, Nicaragua, Ecuador, Panamá, Venezuela), las actividades destinadas a perpetuar el actual sistema doctrinario de propiedad intelectual a través de seminarios, talleres y simposios; y las acciones de presión directa de representantes de gobiernos del Norte para hacer eficaz la protección dentro de las estructuras estatales, han formado parte de una dinámica agenda lobbista.
Varios especialistas neoliberales han advertido que las políticas emanadas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y de la OMC se han visto socavadas por las demoras originadas en las reuniones y asambleas de diversos tratados internacionales desarrolladas en Ginebra, produciéndose con el paso del tiempo, una considerable pérdida de ganancias en los países centrales debido a las trabas impuestas por el tercer mundo. Esta advertencia comienza a materializarse en los últimos meses a través de algunos acontecimientos producidos en países de la Región que han sido descriptas en varios informes y publicaciones:
Argentina:
* Proyectos de modificación de ley de Derechos de autor (aumento de protección en años que pasa de 70 a 80 después de la muerte del autor, defendiéndose así los derechos corporativos de editoriales y discográficas)[3].
* Proyecto de modificación de ley de Marcas: aumento de penas y multas por “falsificación” de marcas y “piratería” con el propósito de asociar estas infracciones con delitos de mayor gravedad [4].
* Creación de maestría de propiedad intelectual auspiciada por OMPI, bajo la doctrina de los países centrales[5].
* Llamativa visita del embajador de los Estados Unidos al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina [6], la Aduana [7] y el Organismo Federal de Impuestos [8].
* Reunión de Directores de oficinas de propiedad industrial y derechos de autor de Latinoamérica y el Caribe en Buenos Aires, bajo el auspicio de OMPI [9].
* Reunión de Directores de Propiedad Industrial de Latinoamérica y El Caribe bajo el auspicio de EPO [10].
* Seminarios auspiciados por OMPI, EPO y OEPM [11].
* Concurso auspiciado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina [12].
Brasil:
* Nominación por OMPI de la oficina de patentes de este país, INPI Brasil, como examinadora de búsquedas y patentes de controvertido tratado internacional, PCT [13].
* Organización de maestría de propiedad intelectual bajo la doctrina neoliberal junto con la Oficina Norteamericana de patentes y marcas (USPTO) y la Oficina Europea de Patentes (EPO), con el auspicio de OMPI.
* Reunión para la creación de la Red Mundial de Academias de propiedad intelectual (México, Cuba, Australia, Corea, Brasil, EPO, junto a OMPI [14].
* Acuerdo de la Oficina de Patentes con la Oficina de Reino Unido de Gran Bretaña [15].
* Organización de varios eventos de marcas, patentes y diseños en conjunto con OMPI [16].
Chile:
* Creación de Instituto de propiedad intelectual por presiones de organismos internacionales y gobiernos de países centrales bajo amenaza de incorporación a la lista 301 [17].
* Presiones políticas bajo amenazas de sanciones para cumplir con el tratado TLC suscrito con los Estados Unidos[18].
* Proyecto de ley para ingreso al tratado PCT[19].
Nicaragua:
* Actual envío de proyecto de ley de patentes a la asamblea legislativa para alinearla al tratado TLC suscrito con Estados Unidos en el anterior gobierno [20].
Cuba:
* Bloqueo de marcas de origen cubano por parte de los Estados Unidos, particularmente de ron y tabaco [21].
México:
* Masivas campañas mediáticas de denuncias y control de “piratería”.
Ecuador:
* Llamativa posición de la Oficina de propiedad intelectual en contra de las copias no autorizadas y en sintonía con los organismos internacionales [22].
Panamá:
* Visita de funcionarios de OMPI para evaluar junto al gobierno local la posibilidad de crear la Oficina Latinoamericana de Propiedad Intelectual bajo el control de países centrales [23].
Venezuela:
* Campaña nacional e internacional para neutralizar las modificaciones introducidas en la reforma de la constitución (Artículo 98) .
Este trabajo lento pero persistente, hacia los organismos y gobiernos de países “en desarrollo” incluyen las presiones políticas, la adhesión por conveniencia o subsistencia en el cargo de funcionarios locales, la cooptación ideológica, la falta de patriotismo, la dádiva oculta, la debilidad ideológica, la falta de información, conocimientos y capacitación de los funcionarios medios.
En los casos expuestos, se denota las grietas y debilidades estructurales en las políticas públicas relacionadas con los derechos intelectuales en los países del Sur, y la desesperación de los factores de poder por aumentar el control sobre ganancias, que resulten el salvavidas de un sistema político, económico y social tan decadente como los decadentes personajes que lo lideran.
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