Ajo: operarios protestaron y denuncian “explotacion”
Multitudinaria. Trabajadores del ajo reclamaron por la represión recibida el jueves pasado y pidieron mejor trato laboral.
Miguel Ángel Flores - mflores@losandes.com.ar
“Fuimos por blanqueo y salimos moreteados”. La frase de una pancarta, en alusión a la represión ejercida contra los trabajadores de la empresa Campo Grande el jueves 29, resumía el espíritu de la marcha convocada ayer por el Sindicato de Frutas y Hortalizas por el conflicto suscitado entre los galpones de empaque y los trabajadores del ajo. Si bien el reclamo es específico del sector, fue una convocatoria amplia a la que respondieron distintas organizaciones gremiales de toda la provincia, incluso de San Rafael, como CTA, ATE, Uatre, el Sindicato de Contratistas de Viñas y Frutales y hasta de rubros sin vinculación directa, como la UOM y el sindicato de trabajadores mineros. Luego del mediodía, la masividad de la manifestación pareció tener frutos, con el anuncio del llamado a una conciliación obligatoria para el miércoles 12 en la Subsecretaría de Trabajo.
El viernes se había anticipado un paro por 24 horas y movilización para ayer. Pasada media mañana, una multitud de cientos de personas con bombos y redoblantes se había apostado en la explanada de Casa de Gobierno, con la participación de muchos de los obreros contratados por la firma Campo Grande SA frente a la cual sufrieron la represión policial y, según denuncian, de personal contratado por la misma empresa el jueves pasado.
Sin embargo, los hechos ocurridos generalizaron la protesta a la mayoría de los obreros de otros grandes galpones que ayer se sintieron identificados por el mismo reclamo: “basta de cooperativas "truchas". Sí al blanqueo” y no a la explotación, manifestaban los carteles.
Muchos de los 28 mil obreros que estimativamente se desempeñan en la actividad de corte, limpieza y empaque de ajo en Mendoza lo hacen desde hace años en condiciones irregulares. Denuncian, entre otras cosas, el descuento de entre 5% y 10% de sus haberes para aportes jubilatorios que en la mayoría de los casos nunca se efectivizan. Tambien la obligación de trabajar durante 14 horas y más sin reconocimiento del pago de extras, además de distintas presiones y amenazas de represalias en contra de los reclamantes que ayer se hicieron públicas.
Junto a Campo Grande, la otra gran exportadora, Sanes, se ubica en el centro de las críticas. Una de las tantas mujeres que resistían estoicamente bajo el fuerte sol del mediodía en las escalinatas daba su testimonio. “Vengo por mi marido, porque no lo dejaron estar. El trabaja desde hace diez años, le descuentan diez por ciento de su quincena y los aportes nunca se hicieron”.
Cooperativistas en desventaja
Las voces de los trabajadores también se unen en contra de la modalidad de la cooperativa a través de la cual son empleados.
“En ocho años que llevo en la empresa, cambió de nombre seis veces. Ahora quieren hacerlo otra vez; de esa manera no podemos reclamar por incumplimientos anteriores”, explicó Celeste, mientras aguardaba novedades con el resto de los manifestantes frente a la puerta de la Bolsa de Comercio, sede de la Cámara de Empacadores y Exportadores de Ajo.
Colonia Barraquero es la cooperativa que presta servicios a la mayoría de los galpones ajeros de Mendoza. Una condición impuesta a muchos de los operarios para entrar a trabajar en algunos de ellos es firmar como socio de la misma que, según aseguran, es la misma estructura que sólo modifica su razón social. “Para esta temporada nos quieren hacer firmar los papeles de nuevo”, consignó por su parte Héctor, un joven que lleva cinco años de trabajo. De ahí que la consideran “trucha”.
Paralelamente, uno de los nombres más mencionados es el de Adrián Sánchez, dueño de Campo Grande. Los operarios de su firma (unos 400 aproximadamente esta temporada), en especial los 23 involucrados en la protesta del jueves pasado que fueron reprimidos, lo acusan de presiones varias. “Abiertamente dice que somos obreros de alquiler, y que ya no quiere alquilarnos más”, aseguran.
No obstante, Sánchez parece haber redoblado la apuesta. En los últimos días, habría hecho circular una “lista negra” de los “rebeldes” en el sector.
En el medio hay otras empresas que adoptaron posturas similares. Según los empleados de Export Mendoza, ubicada en Km 8, “el patrón nos amenazó con que, si no nos presentábamos a trabajar hoy, nos iba a echar. Y dijo que iba a cerrar y a declararse en quiebra”.
Efectos post-represión
Lo cierto es que la presión sindical derivó en la intervención de la Subsecretaría de Trabajo como mediador. Al salir de un encuentro con directivos de la Cámara empresarial, el secretario general del Sindicato de Frutas y Hortalizas, Lucio Quilpatay, confirmó que “el subsecretario (Gabriel) Miró está notificando a las partes para una audiencia conciliatoria en carácter de urgente”. Mientras el proceso avanza, Quilpatay anticipó que hoy se intentará un acercamiento con Campo Grande para gestionar la reincorporación de los 38 operarios en conflicto.
Por su parte, José Rojas Orellana, cónsul de Bolivia, envió ayer una nota al ministerio de Seguridad, para “expresar nuestra preocupación por lo ocurrido y la necesidad de que no se repita. Entiendo que el nuevo gobierno corregirá los desfasajes que hay”.
Multitudinaria. Trabajadores del ajo reclamaron por la represión recibida el jueves pasado y pidieron mejor trato laboral.
Miguel Ángel Flores - mflores@losandes.com.ar
“Fuimos por blanqueo y salimos moreteados”. La frase de una pancarta, en alusión a la represión ejercida contra los trabajadores de la empresa Campo Grande el jueves 29, resumía el espíritu de la marcha convocada ayer por el Sindicato de Frutas y Hortalizas por el conflicto suscitado entre los galpones de empaque y los trabajadores del ajo. Si bien el reclamo es específico del sector, fue una convocatoria amplia a la que respondieron distintas organizaciones gremiales de toda la provincia, incluso de San Rafael, como CTA, ATE, Uatre, el Sindicato de Contratistas de Viñas y Frutales y hasta de rubros sin vinculación directa, como la UOM y el sindicato de trabajadores mineros. Luego del mediodía, la masividad de la manifestación pareció tener frutos, con el anuncio del llamado a una conciliación obligatoria para el miércoles 12 en la Subsecretaría de Trabajo.
El viernes se había anticipado un paro por 24 horas y movilización para ayer. Pasada media mañana, una multitud de cientos de personas con bombos y redoblantes se había apostado en la explanada de Casa de Gobierno, con la participación de muchos de los obreros contratados por la firma Campo Grande SA frente a la cual sufrieron la represión policial y, según denuncian, de personal contratado por la misma empresa el jueves pasado.
Sin embargo, los hechos ocurridos generalizaron la protesta a la mayoría de los obreros de otros grandes galpones que ayer se sintieron identificados por el mismo reclamo: “basta de cooperativas "truchas". Sí al blanqueo” y no a la explotación, manifestaban los carteles.
Muchos de los 28 mil obreros que estimativamente se desempeñan en la actividad de corte, limpieza y empaque de ajo en Mendoza lo hacen desde hace años en condiciones irregulares. Denuncian, entre otras cosas, el descuento de entre 5% y 10% de sus haberes para aportes jubilatorios que en la mayoría de los casos nunca se efectivizan. Tambien la obligación de trabajar durante 14 horas y más sin reconocimiento del pago de extras, además de distintas presiones y amenazas de represalias en contra de los reclamantes que ayer se hicieron públicas.
Junto a Campo Grande, la otra gran exportadora, Sanes, se ubica en el centro de las críticas. Una de las tantas mujeres que resistían estoicamente bajo el fuerte sol del mediodía en las escalinatas daba su testimonio. “Vengo por mi marido, porque no lo dejaron estar. El trabaja desde hace diez años, le descuentan diez por ciento de su quincena y los aportes nunca se hicieron”.
Cooperativistas en desventaja
Las voces de los trabajadores también se unen en contra de la modalidad de la cooperativa a través de la cual son empleados.
“En ocho años que llevo en la empresa, cambió de nombre seis veces. Ahora quieren hacerlo otra vez; de esa manera no podemos reclamar por incumplimientos anteriores”, explicó Celeste, mientras aguardaba novedades con el resto de los manifestantes frente a la puerta de la Bolsa de Comercio, sede de la Cámara de Empacadores y Exportadores de Ajo.
Colonia Barraquero es la cooperativa que presta servicios a la mayoría de los galpones ajeros de Mendoza. Una condición impuesta a muchos de los operarios para entrar a trabajar en algunos de ellos es firmar como socio de la misma que, según aseguran, es la misma estructura que sólo modifica su razón social. “Para esta temporada nos quieren hacer firmar los papeles de nuevo”, consignó por su parte Héctor, un joven que lleva cinco años de trabajo. De ahí que la consideran “trucha”.
Paralelamente, uno de los nombres más mencionados es el de Adrián Sánchez, dueño de Campo Grande. Los operarios de su firma (unos 400 aproximadamente esta temporada), en especial los 23 involucrados en la protesta del jueves pasado que fueron reprimidos, lo acusan de presiones varias. “Abiertamente dice que somos obreros de alquiler, y que ya no quiere alquilarnos más”, aseguran.
No obstante, Sánchez parece haber redoblado la apuesta. En los últimos días, habría hecho circular una “lista negra” de los “rebeldes” en el sector.
En el medio hay otras empresas que adoptaron posturas similares. Según los empleados de Export Mendoza, ubicada en Km 8, “el patrón nos amenazó con que, si no nos presentábamos a trabajar hoy, nos iba a echar. Y dijo que iba a cerrar y a declararse en quiebra”.
Efectos post-represión
Lo cierto es que la presión sindical derivó en la intervención de la Subsecretaría de Trabajo como mediador. Al salir de un encuentro con directivos de la Cámara empresarial, el secretario general del Sindicato de Frutas y Hortalizas, Lucio Quilpatay, confirmó que “el subsecretario (Gabriel) Miró está notificando a las partes para una audiencia conciliatoria en carácter de urgente”. Mientras el proceso avanza, Quilpatay anticipó que hoy se intentará un acercamiento con Campo Grande para gestionar la reincorporación de los 38 operarios en conflicto.
Por su parte, José Rojas Orellana, cónsul de Bolivia, envió ayer una nota al ministerio de Seguridad, para “expresar nuestra preocupación por lo ocurrido y la necesidad de que no se repita. Entiendo que el nuevo gobierno corregirá los desfasajes que hay”.
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