El MOCASE

“Se sabe poco sobre este sector de la galaxia” (Sr. Spock de la serie Viaje a las Estrellas)

El Mocase tiene esto que decía Marcos, tiene un Tiempo dentro de otro Tiempo.

La historia de Santiago del Estero es la crónica de una utilización exhaustiva y destructora de sus recursos naturales a través de procesos que, para colmo de males, ni siquiera es capaz de garantizar un mínimo bienestar a su población.

Desde su fundación, el desarrollo de Santiago estuvo ligado a Potosí, hacia donde enviaba textiles. Todo cambió cuando, al inicio de la independencia, el complejo minero queda fuera del país en formación y las provincias del norte argentino, que habían sabido ser las más dinámicas y pobladas quedaron encajonadas y sin mercados para su producción.

La decadencia del interior queda sellada por el triunfo de la política librecambista de Buenos Aires y así Santiago del Estero tuvo uno de los peores papeles en el reparto: se especializó en la elaboración de durmientes para el ferrocarril a través de un patrón productivo particularmente destructor de su sistema ecológico.

Así, desde fines del siglo XIX hasta mediados del XX, los gobiernos provinciales vendieron a precio vil más de nueve millones de hectáreas de tierras fiscales y ciento cincuenta millones de árboles de quebracho colorado fueron destruidos. Esta enorme riqueza natural, de cuyo producto sólo volvían a la provincia los miserables salarios del obraje, dejaba detrás de si campos destruidos, a los cuales resultaba imposible fijar alguna utilidad productiva.

Santiago se convierte así  en un espacio periférico que va quedando rezagado, en donde se fortalecen y reproducen elementos tradicionales y semi feudales desde lo económico, social y político.

En este contexto ¿Es tan difícil explicar que surgiera un gobierno como el de Carlos Juárez, que gobernó o controló la provincia durante más de medio siglo? El “juarismo” es la expresión política construida y sostenida sobre la base de un férreo modelo feudal, en el que el progresivo empobrecimiento de las clases populares y el pulcro control sobre la débil clase media provinciana, fueron sus pilares fundamentales. Asumió su primer gobierno, en mayo de 1949, después de un año de Intervención federal a la provincia, decretada por Juan Perón. A partir de ese momento, ya fuera como gobernador (lo fue en cinco oportunidades) o como legislador nacional (cuatro veces senador), nunca dejó el poder en la provincia. Juárez ha hecho y deshecho a su gusto en Santiago del Estero. Reformó reiteradamente la Constitución de la provincia según la conveniencia de cada momento político; existe una obvia relación entre la estructura constitucional y el carácter autoritario del régimen político. El punto neurálgico de la reforma estaba en una serie de disposiciones constitucionales que reducían la importancia electoral de las Ciudades de Santiago del Estero y de La Banda -las dos jurisdicciones en donde tenía más peso la oposición- a la vez que garantizaban un piso de diputados a la mayoría. Con esta legislación, una fuerza cuya principal base electoral estuviera en el interior -como era el caso del juarismo- lo obtenía el 70% de los diputados provinciales con sólo el 35% de los votos. Creó junto con su lugarteniente Musa Azar una increíble red de espionaje que persiguió a 50.000 personas opositoras a su gobierno; sustentó un poder económico hegemónico que en sus primeros gobiernos tuvo a las empresas constructoras como base y en los últimos años a las empresas de servicio, y fomentó entre los trabajadores la dependencia del Estado como una forma de mantener ceñido a su puño a una amplia franja del electorado.

El 16 de diciembre de 1993 hubo un intento por cambiar la historia. Una pueblada sin precedentes (que fue dada en llamar “El santiagueñazo”) quemó los edificios de los tres poderes manejados por Juárez, además de su propio domicilio y el de varios vinculados al poder. Pero el interventor designado por Carlos Menem, Juan Schiaretti, cerró hábilmente todos los caminos a una posible renovación y al concluir la Intervención retorna el juarismo. En 2002, el escándalo provocado por un doble crimen de La Dársena (en el que Musa Azar y otros funcionarios juaristas aparecieron vinculados a la muerte de dos jóvenes) y del deterioro del gobierno de la esposa de Juárez (Mercedes Aragonés), terminaron por generar la Intervención Federal de la provincia.

El juarismo pervive en innumerables redes informales de soporte y en mil aliados en la justicia federal, en cargos subalternos del poder ejecutivo, en los municipios, en la prensa, y en el poder económico, representado emblemáticamente por el grupo de empresas de Néstor Ick, que supo construir un verdadero imperio bajo el ala del juarismo. En una provincia devastada, con un índice de mortalidad infantil que trepa al 25%, con un nivel analfabetismo superior al de cualquier otra provincia y con un índice de desnutrición infantil que alcanza al 38%, Ick se hizo millonario gracias a sus increíbles negocios con el Estado santiagueño. Este abogado de 67 años, que maneja un estricto perfil bajo, es dueño del banco de Santiago del Estero (ex banco estatal); del principal canal de TV, del principal diario de la provincia y de una de las principales radios; del monopolio de los casinos; de los dos hoteles más lujosos de la capital santiagueña, de una tarjeta de crédito obligatoria para los empleados públicos y de una muy rentable compañía de seguros, entre otros muchos emprendimientos….

La población rural de la provincia de Santiago del estero, representa el 39 % de la población total, y el 13% total de la población rural de la nación Argentina. Los santiagueños que viven en el país  son  1.015.616, pero no residen todos en la provincia de origen, el 42.3% son emigrantes definitivos y alrededor de  429.430 santiagueños residen en otras provincias, contra los 586.186 que siguen viviendo en la provincia natal.  Se estima en 15.000 las familias campesinas, estando organizadas en el Mocase unas 10.000. El 70 % de los productores apenas tiene el 3% de la tierra,  mientras que del otro lado, el 49 % de las tierras esta en manos del 1% de propietarios.

Esta será la cuna del Mocase. En Santiago del Estero casi no hubo procesos de colonización; la población rural era “criolla” (de una perdida de identidad dada por la colonización, se creará una nueva identidad social: “el campesino” que prontamente se convertirá en actor político) formada por campesinos asentados mayoritariamente en tierras sin títulos de propiedad; muchos habían sido trabajadores forestales hasta que las empresas forestales se retiraron. Algunos hacheros buscaron trabajo en otras zonas donde aún continuaba la extracción maderera, otros se asentaron en tierras que ya no interesaban a nadie porque habían perdido su riqueza natural. No es casual entonces, que las luchas campesinas en Santiago del Estero hayan tomado un camino diferente al tomado en otras regiones por las ligas agrarias, donde  el principal problema era la comercialización con la agroindustria. Los pequeños productores que participaron en las Ligas de esas provincias eran agricultores que lograban cierto grado de capitalización de su chacra, la mayoría eran “colonos” propietarios de sus tierras, y en muchos casos inmigrantes europeos. A medida que se fue agotando el bosque las empresas se fueron retirando, dejando tras de sí recursos naturales agotados y trabajadores abandonados a su suerte.

Los conflictos entre los campesinos y grandes inversionistas y terratenientes dedicados a la explotación forestal, comienzan a darse en la década del 60. Esta presión sobre las tierras se agudiza en los años 70 y 80, como consecuencia de los buenos precios del algodón y por el desarrollo de variedades de soja apropiadas para las durísimas condiciones ambientales del chaco santiagueño

En 1982 en Los Juríes, departamento General Taboada, los representantes de Guillermo Masoni intentaron desalojar a 400 familias campesinas que ocupaban 120.000 hectáreas (300 hectáreas por familia en promedio). Los campesinos eligen dos “delegados” por “lote”  para informarse y tomar decisiones sobre las acciones a tomar respecto al conflicto; poco tiempo después formaron comisiones vecinales que confluyeron en una Comisión Central de Campesinos. Al año siguiente lograron que 45 familias del Lote 40 obtuvieran los títulos de propiedad, pero no se resolvió la totalidad del conflicto. Las empresas ofrecían relocalizar a las familias ofreciéndole 20 hectáreas a cada una, superficie muy inferior a la mínima unidad productiva, de 100 hectáreas. El gobierno provincial apoyaba a las empresas y se negaba a recibir a los campesinos. Las familias de Los Juríes no resolvieron completamente el problema de tierras pero fueron avanzando en aspectos productivos y de comercialización de la producción hasta formar la Cooperativa Agropecuaria “Unión Campesina”, evitando de esta forma a los intermediarios abusivos. El surgimiento de estas estructuras organizativas -la Comisión Central y la Cooperativa- funcionaron como condición de posibilidad para que las familias campesinas de otros parajes pudieran organizarse, ya que este núcleo inicial de 400 familias, al compartir y difundir su experiencia, mostraban que era posible cambiar su realidad. La organización de los campesinos de Los Juríes marcó el inicio de un movimiento campesino en Santiago del Estero, ya que lo que se inició como una acción de resistencia al desalojo fue abarcando objetivos más amplios que sostuvieron a través del tiempo la acción colectiva. No se trataba sólo de lograr la titularidad de la tierra, también se proponían transformar las relaciones sociales de producción.

A partir de ese momento y durante toda la década se fueron constituyendo en Santiago del Estero organizaciones campesinas con estructuras similares a la de Los Juríes: pequeñas comisiones con base territorial local, basadas en las relaciones persona a persona, que elegían representantes o delegados para formar comisiones a nivel departamental o zonal, acompañadas en algunos casos con la formación de una cooperativa agropecuaria. Las organizaciones que se fueron formando tenían en común una estructura basada en relaciones personales pre-existentes entre familias reunidas por su cercanía geográfica, por formar parte del mismo “paraje”. Estas organizaciones -denominadas “comisiones vecinales” o sólo “comisiones”-, elegían representantes o delegados para constituir organizaciones de nivel zonal o departamental -denominadas “comisiones unidas”, “delegados unidos”, “centrales” o “unión de pequeños productores”-.

Como resultado de un largo proceso, hacia fines de 1989. Las embrionarias organizaciones campesinas se autoconvocaron en Los Juries, con intención de dar impulso a la idea de compartir experiencias y coordinar acciones para conformar un movimiento de carácter provincial.

Después de un periodo de unos meses de encuentros y discusiones, el 4 de agosto de 1990, en Quimili, se constituye formalmente la primera comisión directiva del Mo.Ca.SE(Movimiento Campesino de Santiago del Estero). Desde sus comienzos el MOCASE asumió como estrategia central la lucha por la tierra y por mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas. El problema generalizado de tenencia precaria de la tierra por parte de los campesinos había generado un proceso de desalojos “silenciosos” en la medida en que no había conciencia sobre el derecho de posesión veinteañal, y a la vez no estaban dadas las condiciones mínimas de organización para que las presentaciones ante la justicia o los reclamos ante el poder político tuvieran alguna posibilidad de éxito. La constitución del MOCASE fue un punto de quiebre con esa situación preexistente, de modo que el silencio se fue convirtiendo en conciencia del derecho. Se promovió la organización para la autodefensa de los pobladores, se acompañó con el asesoramiento legal y la defensa jurídica correspondiente, se fue logrando una mayor visibilidad política y se amplió la articulación con otros sectores de la sociedad.

El MOCASE comenzó a tener repercusión a nivel nacional en 1998 durante el intento de desalojo de las familias campesinas del paraje La Simona. La autodefensa ejercida por el MOCASE y un conjunto de organizaciones solidarias detuvo a las topadoras, que de otro modo y en otra época hubieran conseguido su propósito. La población resistió el desalojo pasando días y noches bajo una improvisada carpa de polietileno negro, dando lugar a lo que se denominó la “carpa negra de La Simona”.

Un año después el MOCASE organizó un Congreso denominado “Campesinos y campesinas unidos en la lucha por la tierra y la justicia”, que se llevó a cabo en la ciudad capital de Santiago del Estero. La convocatoria para participar del Congreso incluyó a las organizaciones del MOCASE y a delegaciones campesinas invitadas para que pudieran compartir las jornadas y decidir su posible incorporación al MOCASE. También participaron delegaciones de otras provincias.

El Congreso desarrollado en 1999 marcó un momento de gran consolidación del movimiento y al mismo tiempo puso de manifiesto que, aunque los objetivos que perseguían las organizaciones que lo formaban eran similares, las estrategias de acción eran diferentes, o, por lo menos, había intentos de que fueran diferentes. Había acuerdo en que era necesario obtener recursos para financiar el movimiento, pero cuáles eran las posibles fuentes de financiamiento y cuáles los costos a pagar por obtener los recursos fueron algunos de los factores que distanciaron a las organizaciones, y mientras algunas recorrían un camino hacia una mayor vinculación con programas de desarrollo rural social, especialmente con el Programa Social Agropecuario (PSA), otras mantenían y profundizaban los vínculos con organizaciones no gubernamentales. Para algunas organizaciones el acercamiento de otras organizaciones al PSA y el vínculo entre técnicos y dirigentes campesinos, constituía una forma de cooptación similar a la ejercida por los políticos. Pero todas estas discusiones quedaban en el ceno del movimiento. A la muerte de Zenón Chuca Ledesma, referente máximo del movimiento, presidente del Mocase, y persona que lograba la unión aun frente a la diferencia, y frente a la renovación de autoridades, las diferencias se volvieron irreconciliables. La Comisión Central Campesina de Quimilí, y la Comisión Central Campesina de Tintina, apoyadas por la organización no gubernamental CENEPP se excluyen así mismas de la votación del congreso, con la idea de eliminar el sistema de votación para tomar decisiones y proceder por consenso, es decir, continuar las deliberaciones sobre cada tema hasta que hubiera acuerdo entre todos.

El MOCASE tendrá una división más, muy vinculada a la injerencia del PSA… pero hay un principio de identidad  que está presente en el MOCASE; en una identidad campesina construida alrededor de la tierra como parte del ciclo de la vida. Muchísimos de los pronunciamientos políticos que han llevado a las rupturas no tienen que ver con los campesinos. Los campesinos se siguen sintiendo compañeros, y varias pruebas de ello se pueden ver como alentadoras… desde una pequeña marcha en escrache a Monsanto,  como el trabajo infatigable de los campesinos por acercarse al resto de los campesinos.

La lucha campesina lleva 25 años, los compañeros del mocase cuentan en sus filas con luchadores históricos y queridos como el “Chuca” Ledesma, que aunque murió de mal de chagas en 2001, conserva una fuertísima presencia. Y ahora nos encontramos con compañeros que tienen entre 25 y 27 años, (uno de ellos estudiando medicina en Cuba). La dictadura ha durado en Santiago hasta hace un ratito, en los últimos tres años se presentaron 1.600 denuncias por torturas sólo en la zona de Añatuya.

Desde la intervención tampoco cambiaron mucho las cosas: en el año 2000, la Legislatura Santiagueña aprobó una ley que modifica el Código de Procesamiento Criminal y Correccional mediante el artículo 182 bis que autoriza con excesivas facultades al juez penal para desalojar a un campesino ante una denuncia de usurpación de propiedad. Entonces, si viene una empresa que figura en los registros como titular del dominio o un terrateniente y presenta la denuncia ante el juez, le muestra una escritura, y el juez hace una argumentación y ordena el desalojo sin siquiera indagar y darle derecho a defensa al campesino. Con esa sola presentación puede ordenar el desalojo. Debido a la fuerza de la organización hay muy pocos casos en los que los jueces hayan realizado esa utilización del artículo, pero en un caso en el que si lo consiguieron es el de la familia Quiñones (ver cuadro aparte).

Pero por otro lado, el derecho tradicional burgués termina sirviendo para defender el derecho de los campesinos. Según el Código Civil (”Al que ha poseído durante veinte años sin interrupción alguna, no puede oponérsele ni la falta de título, ni su nulidad…”) es mas importante la posesión veinteañal que cualquier título que pudiera presentar el terrateniente de turno, pero la justicia santiagueña dio vuelta esto, dándole prioridad a los amigos de los Juárez, o al mejor postor.

En la calle se ve que el poder del terrateniente esta clarísimo, los carteles de las calles, las plazas, las escuelas, la iglesia, y hasta el cartel de la policía son “cortesía de Los Mimbres S.A.”, que es una de las sociedades anónimas de Guillermo Masoni. Este Masoni es dueño de mas de 100.000 hectáreas en la zona, es el que intenta permanentemente desalojar a los campesinos, y con el que hay 45.000 hectáreas actualmente en conflicto a través del que los compañeros campesinos han visto en algunos casos su tierra reducida a media hectárea o incluso desalojados. Los métodos que utiliza para desalojar van desde las denuncias a los campesinos por usurpación de los terrenos en los que ellos viven hace generaciones, hasta métodos como envenenamiento con glisfosato, y otros agrotóxicos, como por ejemplo el 24D, que aunque está prohibido en argentina se usa igual, matando animales, frutales, cultivos, envenenando los pozos de agua. Les hacen denuncias por animales en pastoreo. También con la organización de guardias blancas, que permanentemente patrullan las zonas en las que viven, amenazan, torturan. Les cortan los alambres, les queman los cercos; jamás la policía local les toma a los campesinos una denuncia, es la zona con mas tráfico de niños en el país, les instalan en el medio del campo una “escuela de artes y oficios” que no enseña ningún arte u oficio que tenga que ver con el campo, como mecánica, computación, diseño grafico, para continuar con la expulsión hacia la ciudad.

Además de luchar contra el gobierno y contra los empresarios, luchan también contra la distancia. Todo queda lejos, no tienen medios para moverse, salvo las motos que sólo trasportan de a dos. Uno de los medios de comunicación más usados es una de las radios locales por la que se anuncian las reuniones, se mandan mensajes.

Al no tener la posesión asegurada de la tierra, no pueden ni siquiera sembrar, ante la amenaza permanente de ser desalojados.

Sin embargo las asambleas están llenas de gente, incluidas varias mujeres que tienen gran nivel de participación. Son divertidas, se escuchan risas y bromas sobre la cárcel,  y sobre quién es partidario de Masoni.

A veces pareciera que la urgencia se come a lo importante. La necesidad de la posesión de la tierra es tan pero tan urgente que pareciera no dejar espacio para poder profundizar la discusión en otros aspectos, y sin embargo…los compañeros discutían hace un tiempito, frente a un dinero que tenían, de qué manera invertirlo, y después de algunas propuestas que se fueron descartando llegaron a la idea final de comprar unas vacas. Y entonces se dijo “que una vaca para cada familia” y que “cada uno en su pedazo de campo pone su vaca” y “pero no, que si cada uno tiene una vaca, perdemos todos tiempo en cuidarla, y que si están todas juntas se pierde un solo tiempo en cuidarlas” y además que ” no sólo tienen que estar todas juntas, sino que tienen que ser todas de todos, porque si aunque juntas una es de cada familia, si se muere una, ¿de quien es?, que mejor todas las vacas de todos”. También discutían acerca del último pedazo de monte virgen que queda, y al que Masoni le tiene ganas… piensan que sería bueno convertirlo en reserva, porque es el último refugio de especies animales y vegetales…y lo hacen desde el respeto y el amor que como campesinos sienten por el monte y la tierra y eso se expresa en su preocupación: “si no nuestros hijos no van a conocer nada de todo esto, van a tener que viajar a los zoológicos a conocer los bichos que acá había”.

Pero la discusión es sólo un pedacito, se han dados pasos gigantes hacia delante… por ejemplo en la toma de campos, en los que ellos o sus familias con anterioridad usaban para sacar leña o hacer pastorear a los animales, y que no estaban delimitados, puesto que hasta la llegada de los empresarios, los campos eran comuneros, no hacían falta los alambres porque trabajaban todos los vecinos juntos, y donde además el monte era parte del campo. Y decimos lo del monte, porque en las pocas ocasiones que han podido hacerse de las escrituras posesorias, se ignora su derecho sobre el monte, puesto que desde una visión totalmente occidental, si no está desmontado no se puede producir; entonces sobre esos campos, en los cuales ellos trabajan desde siempre, pero que no les era reconocido, han avanzado, y frente a esa ceguera de negar el monte como su propiedad, tomaron la medida de construir sus ranchos en una noche, en medio de su monte, para así si poder demostrar su presencia allí.

Pero 25 años de lucha en estas condiciones, en estas duras condiciones, son mucho tiempo… los campesinos tienen la sangre caliente y están cansados de no ser escuchados. La única solución a los problemas es la tenencia segura de la tierra y un gobierno que garantice la democratización de la tecnología adecuada, inversiones, economía planificada. Los campesinos están cansados pero no por ello van a abandonar la lucha, sino más bien que frente a las no posibilidades empiezan a ver que la violencia de arriba debe ser enfrentada con la violencia de abajo. En tiempos donde la Argentina que siempre se vanaglorió de su diversificación agropecuaria, va a pasos acelerados  hacia el monocultivo de la soja, se puede mirar para el costado y dejar que pase lo que tenga que pasar o se puede, una vez más, jugar del lado que corresponde, el del pueblo, el lado de los que sufren y luchan, el lado del para todos todo.

El sueño de los compañeros campesinos es desterrar a Masoni, repartir las tierras entre los que no tienen, y para ello saben que la unión es el primer paso… porque una ramita sola la quiebra cualquiera, pero a cien ramitas juntas, ¿quien las quiebra?

Quiñones:

Don Silvano Quiñones fue uno de los primeros pobladores de Los Juríes, a 80 kilómetros de la ciudad de Añatuya y a 280 de la capital de Santiago. El hombre se instaló en el lote 41, en un predio que hoy abarca 485 hectáreas. En una esquina donde no había nadie y todo era monte, comenzó a construir su rancho. Donde vivió con su señora doña Reina y sus hijos, todos nacidos y criados allí. También donaron una hectárea lindera al lote 41 para la construcción de una escuela rural.

El campo de Los Quiñones es uno de los mejores terrenos de la zona, tiene buena agua. Cuando muere Don Silvano, Eduardo Secchi, quien era entonces el abogado de confianza de la familia, engaña a Doña Reina y abre el camino a la estafa: le hace firmar una hoja en blanco mediante la cuál le cede los derechos posesorios del campo. Fue una firma en la que ni siquiera había un escribano.

Luego la familia contrató los servicios del abogado Nelson Vicente García quien, en sociedad con Secchi, engañó también a los hijos herederos y liberó el camino para transferir la propiedad a la empresa Sartor.

Los Quiñones fueron desalojados por primera vez en el 2003. La policía rompió muebles y varios elementos de la casa desaparecieron. Ellos no bajaron los brazos y volvieron en tres ocasiones a recuperar su tierra, sufriendo sucesivos desalojos. Recién llegada la intervención, el juez Armando Mansilla, estrena el 182bis y setenta efectivos policiales irrumpieron en el campo. El juez indicó a dedo a quiénes debían detener y esposaron a Walter y Hugo Quiñones, Nildo González (suegro de Walter) y Lucho Catán.

Los detenidos estuvieron siete días incomunicados y fueron procesados por “Usurpación de Propiedad y Desobediencia Judicial”, puesto que el campo era garantía de un crédito. Finalmente la apelación del abogado Luis Santucho logró demostrar a partir del acceso a los archivos del banco que, la cifra que se acusaba adeudada, había “sufrido” el agregado de un cero (de 20.000 dólares  que se adeudaba, se pretendían 200.000) y el cargo de usurpación sobre los Quiñones cambia a estafa y falsificación de documento público, en contra de la empresa.

Actualmente el campo de los Quiñones está ocupado por la empresa Peiretti, una firma que llegó a Santiago del Estero desde Santa Fé. A pesar de esto, los quiñones viven en la ciudad, puesto que los expedientes están cajoneados y el campo aun esta ocupado.

“Se sabe poco sobre este sector de la galaxia” (Sr. Spock de la serie Viaje a las Estrellas)

El Mocase tiene esto que decía Marcos, tiene un Tiempo dentro de otro Tiempo.

La historia de Santiago del Estero es la crónica de una utilización exhaustiva y destructora de sus recursos naturales a través de procesos que, para colmo de males, ni siquiera es capaz de garantizar un mínimo bienestar a su población.

Desde su fundación, el desarrollo de Santiago estuvo ligado a Potosí, hacia donde enviaba textiles. Todo cambió cuando, al inicio de la independencia, el complejo minero queda fuera del país en formación y las provincias del norte argentino, que habían sabido ser las más dinámicas y pobladas quedaron encajonadas y sin mercados para su producción.

La decadencia del interior queda sellada por el triunfo de la política librecambista de Buenos Aires y así Santiago del Estero tuvo uno de los peores papeles en el reparto: se especializó en la elaboración de durmientes para el ferrocarril a través de un patrón productivo particularmente destructor de su sistema ecológico.

Así, desde fines del siglo XIX hasta mediados del XX, los gobiernos provinciales vendieron a precio vil más de nueve millones de hectáreas de tierras fiscales y ciento cincuenta millones de árboles de quebracho colorado fueron destruidos. Esta enorme riqueza natural, de cuyo producto sólo volvían a la provincia los miserables salarios del obraje, dejaba detrás de si campos destruidos, a los cuales resultaba imposible fijar alguna utilidad productiva.

Santiago se convierte así  en un espacio periférico que va quedando rezagado, en donde se fortalecen y reproducen elementos tradicionales y semi feudales desde lo económico, social y político.

En este contexto ¿Es tan difícil explicar que surgiera un gobierno como el de Carlos Juárez, que gobernó o controló la provincia durante más de medio siglo? El “juarismo” es la expresión política construida y sostenida sobre la base de un férreo modelo feudal, en el que el progresivo empobrecimiento de las clases populares y el pulcro control sobre la débil clase media provinciana, fueron sus pilares fundamentales. Asumió su primer gobierno, en mayo de 1949, después de un año de Intervención federal a la provincia, decretada por Juan Perón. A partir de ese momento, ya fuera como gobernador (lo fue en cinco oportunidades) o como legislador nacional (cuatro veces senador), nunca dejó el poder en la provincia. Juárez ha hecho y deshecho a su gusto en Santiago del Estero. Reformó reiteradamente la Constitución de la provincia según la conveniencia de cada momento político; existe una obvia relación entre la estructura constitucional y el carácter autoritario del régimen político. El punto neurálgico de la reforma estaba en una serie de disposiciones constitucionales que reducían la importancia electoral de las Ciudades de Santiago del Estero y de La Banda -las dos jurisdicciones en donde tenía más peso la oposición- a la vez que garantizaban un piso de diputados a la mayoría. Con esta legislación, una fuerza cuya principal base electoral estuviera en el interior -como era el caso del juarismo- lo obtenía el 70% de los diputados provinciales con sólo el 35% de los votos. Creó junto con su lugarteniente Musa Azar una increíble red de espionaje que persiguió a 50.000 personas opositoras a su gobierno; sustentó un poder económico hegemónico que en sus primeros gobiernos tuvo a las empresas constructoras como base y en los últimos años a las empresas de servicio, y fomentó entre los trabajadores la dependencia del Estado como una forma de mantener ceñido a su puño a una amplia franja del electorado.

El 16 de diciembre de 1993 hubo un intento por cambiar la historia. Una pueblada sin precedentes (que fue dada en llamar “El santiagueñazo”) quemó los edificios de los tres poderes manejados por Juárez, además de su propio domicilio y el de varios vinculados al poder. Pero el interventor designado por Carlos Menem, Juan Schiaretti, cerró hábilmente todos los caminos a una posible renovación y al concluir la Intervención retorna el juarismo. En 2002, el escándalo provocado por un doble crimen de La Dársena (en el que Musa Azar y otros funcionarios juaristas aparecieron vinculados a la muerte de dos jóvenes) y del deterioro del gobierno de la esposa de Juárez (Mercedes Aragonés), terminaron por generar la Intervención Federal de la provincia.

El juarismo pervive en innumerables redes informales de soporte y en mil aliados en la justicia federal, en cargos subalternos del poder ejecutivo, en los municipios, en la prensa, y en el poder económico, representado emblemáticamente por el grupo de empresas de Néstor Ick, que supo construir un verdadero imperio bajo el ala del juarismo. En una provincia devastada, con un índice de mortalidad infantil que trepa al 25%, con un nivel analfabetismo superior al de cualquier otra provincia y con un índice de desnutrición infantil que alcanza al 38%, Ick se hizo millonario gracias a sus increíbles negocios con el Estado santiagueño. Este abogado de 67 años, que maneja un estricto perfil bajo, es dueño del banco de Santiago del Estero (ex banco estatal); del principal canal de TV, del principal diario de la provincia y de una de las principales radios; del monopolio de los casinos; de los dos hoteles más lujosos de la capital santiagueña, de una tarjeta de crédito obligatoria para los empleados públicos y de una muy rentable compañía de seguros, entre otros muchos emprendimientos….

La población rural de la provincia de Santiago del estero, representa el 39 % de la población total, y el 13% total de la población rural de la nación Argentina. Los santiagueños que viven en el país  son  1.015.616, pero no residen todos en la provincia de origen, el 42.3% son emigrantes definitivos y alrededor de  429.430 santiagueños residen en otras provincias, contra los 586.186 que siguen viviendo en la provincia natal.  Se estima en 15.000 las familias campesinas, estando organizadas en el Mocase unas 10.000. El 70 % de los productores apenas tiene el 3% de la tierra,  mientras que del otro lado, el 49 % de las tierras esta en manos del 1% de propietarios.

Esta será la cuna del Mocase. En Santiago del Estero casi no hubo procesos de colonización; la población rural era “criolla” (de una perdida de identidad dada por la colonización, se creará una nueva identidad social: “el campesino” que prontamente se convertirá en actor político) formada por campesinos asentados mayoritariamente en tierras sin títulos de propiedad; muchos habían sido trabajadores forestales hasta que las empresas forestales se retiraron. Algunos hacheros buscaron trabajo en otras zonas donde aún continuaba la extracción maderera, otros se asentaron en tierras que ya no interesaban a nadie porque habían perdido su riqueza natural. No es casual entonces, que las luchas campesinas en Santiago del Estero hayan tomado un camino diferente al tomado en otras regiones por las ligas agrarias, donde  el principal problema era la comercialización con la agroindustria. Los pequeños productores que participaron en las Ligas de esas provincias eran agricultores que lograban cierto grado de capitalización de su chacra, la mayoría eran “colonos” propietarios de sus tierras, y en muchos casos inmigrantes europeos. A medida que se fue agotando el bosque las empresas se fueron retirando, dejando tras de sí recursos naturales agotados y trabajadores abandonados a su suerte.

Los conflictos entre los campesinos y grandes inversionistas y terratenientes dedicados a la explotación forestal, comienzan a darse en la década del 60. Esta presión sobre las tierras se agudiza en los años 70 y 80, como consecuencia de los buenos precios del algodón y por el desarrollo de variedades de soja apropiadas para las durísimas condiciones ambientales del chaco santiagueño

En 1982 en Los Juríes, departamento General Taboada, los representantes de Guillermo Masoni intentaron desalojar a 400 familias campesinas que ocupaban 120.000 hectáreas (300 hectáreas por familia en promedio). Los campesinos eligen dos “delegados” por “lote”  para informarse y tomar decisiones sobre las acciones a tomar respecto al conflicto; poco tiempo después formaron comisiones vecinales que confluyeron en una Comisión Central de Campesinos. Al año siguiente lograron que 45 familias del Lote 40 obtuvieran los títulos de propiedad, pero no se resolvió la totalidad del conflicto. Las empresas ofrecían relocalizar a las familias ofreciéndole 20 hectáreas a cada una, superficie muy inferior a la mínima unidad productiva, de 100 hectáreas. El gobierno provincial apoyaba a las empresas y se negaba a recibir a los campesinos. Las familias de Los Juríes no resolvieron completamente el problema de tierras pero fueron avanzando en aspectos productivos y de comercialización de la producción hasta formar la Cooperativa Agropecuaria “Unión Campesina”, evitando de esta forma a los intermediarios abusivos. El surgimiento de estas estructuras organizativas -la Comisión Central y la Cooperativa- funcionaron como condición de posibilidad para que las familias campesinas de otros parajes pudieran organizarse, ya que este núcleo inicial de 400 familias, al compartir y difundir su experiencia, mostraban que era posible cambiar su realidad. La organización de los campesinos de Los Juríes marcó el inicio de un movimiento campesino en Santiago del Estero, ya que lo que se inició como una acción de resistencia al desalojo fue abarcando objetivos más amplios que sostuvieron a través del tiempo la acción colectiva. No se trataba sólo de lograr la titularidad de la tierra, también se proponían transformar las relaciones sociales de producción.

A partir de ese momento y durante toda la década se fueron constituyendo en Santiago del Estero organizaciones campesinas con estructuras similares a la de Los Juríes: pequeñas comisiones con base territorial local, basadas en las relaciones persona a persona, que elegían representantes o delegados para formar comisiones a nivel departamental o zonal, acompañadas en algunos casos con la formación de una cooperativa agropecuaria. Las organizaciones que se fueron formando tenían en común una estructura basada en relaciones personales pre-existentes entre familias reunidas por su cercanía geográfica, por formar parte del mismo “paraje”. Estas organizaciones -denominadas “comisiones vecinales” o sólo “comisiones”-, elegían representantes o delegados para constituir organizaciones de nivel zonal o departamental -denominadas “comisiones unidas”, “delegados unidos”, “centrales” o “unión de pequeños productores”-.

Como resultado de un largo proceso, hacia fines de 1989. Las embrionarias organizaciones campesinas se autoconvocaron en Los Juries, con intención de dar impulso a la idea de compartir experiencias y coordinar acciones para conformar un movimiento de carácter provincial.

Después de un periodo de unos meses de encuentros y discusiones, el 4 de agosto de 1990, en Quimili, se constituye formalmente la primera comisión directiva del Mo.Ca.SE(Movimiento Campesino de Santiago del Estero). Desde sus comienzos el MOCASE asumió como estrategia central la lucha por la tierra y por mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas. El problema generalizado de tenencia precaria de la tierra por parte de los campesinos había generado un proceso de desalojos “silenciosos” en la medida en que no había conciencia sobre el derecho de posesión veinteañal, y a la vez no estaban dadas las condiciones mínimas de organización para que las presentaciones ante la justicia o los reclamos ante el poder político tuvieran alguna posibilidad de éxito. La constitución del MOCASE fue un punto de quiebre con esa situación preexistente, de modo que el silencio se fue convirtiendo en conciencia del derecho. Se promovió la organización para la autodefensa de los pobladores, se acompañó con el asesoramiento legal y la defensa jurídica correspondiente, se fue logrando una mayor visibilidad política y se amplió la articulación con otros sectores de la sociedad.

El MOCASE comenzó a tener repercusión a nivel nacional en 1998 durante el intento de desalojo de las familias campesinas del paraje La Simona. La autodefensa ejercida por el MOCASE y un conjunto de organizaciones solidarias detuvo a las topadoras, que de otro modo y en otra época hubieran conseguido su propósito. La población resistió el desalojo pasando días y noches bajo una improvisada carpa de polietileno negro, dando lugar a lo que se denominó la “carpa negra de La Simona”.

Un año después el MOCASE organizó un Congreso denominado “Campesinos y campesinas unidos en la lucha por la tierra y la justicia”, que se llevó a cabo en la ciudad capital de Santiago del Estero. La convocatoria para participar del Congreso incluyó a las organizaciones del MOCASE y a delegaciones campesinas invitadas para que pudieran compartir las jornadas y decidir su posible incorporación al MOCASE. También participaron delegaciones de otras provincias.

El Congreso desarrollado en 1999 marcó un momento de gran consolidación del movimiento y al mismo tiempo puso de manifiesto que, aunque los objetivos que perseguían las organizaciones que lo formaban eran similares, las estrategias de acción eran diferentes, o, por lo menos, había intentos de que fueran diferentes. Había acuerdo en que era necesario obtener recursos para financiar el movimiento, pero cuáles eran las posibles fuentes de financiamiento y cuáles los costos a pagar por obtener los recursos fueron algunos de los factores que distanciaron a las organizaciones, y mientras algunas recorrían un camino hacia una mayor vinculación con programas de desarrollo rural social, especialmente con el Programa Social Agropecuario (PSA), otras mantenían y profundizaban los vínculos con organizaciones no gubernamentales. Para algunas organizaciones el acercamiento de otras organizaciones al PSA y el vínculo entre técnicos y dirigentes campesinos, constituía una forma de cooptación similar a la ejercida por los políticos. Pero todas estas discusiones quedaban en el ceno del movimiento. A la muerte de Zenón Chuca Ledesma, referente máximo del movimiento, presidente del Mocase, y persona que lograba la unión aun frente a la diferencia, y frente a la renovación de autoridades, las diferencias se volvieron irreconciliables. La Comisión Central Campesina de Quimilí, y la Comisión Central Campesina de Tintina, apoyadas por la organización no gubernamental CENEPP se excluyen así mismas de la votación del congreso, con la idea de eliminar el sistema de votación para tomar decisiones y proceder por consenso, es decir, continuar las deliberaciones sobre cada tema hasta que hubiera acuerdo entre todos.

El MOCASE tendrá una división más, muy vinculada a la injerencia del PSA… pero hay un principio de identidad  que está presente en el MOCASE; en una identidad campesina construida alrededor de la tierra como parte del ciclo de la vida. Muchísimos de los pronunciamientos políticos que han llevado a las rupturas no tienen que ver con los campesinos. Los campesinos se siguen sintiendo compañeros, y varias pruebas de ello se pueden ver como alentadoras… desde una pequeña marcha en escrache a Monsanto,  como el trabajo infatigable de los campesinos por acercarse al resto de los campesinos.

La lucha campesina lleva 25 años, los compañeros del mocase cuentan en sus filas con luchadores históricos y queridos como el “Chuca” Ledesma, que aunque murió de mal de chagas en 2001, conserva una fuertísima presencia. Y ahora nos encontramos con compañeros que tienen entre 25 y 27 años, (uno de ellos estudiando medicina en Cuba). La dictadura ha durado en Santiago hasta hace un ratito, en los últimos tres años se presentaron 1.600 denuncias por torturas sólo en la zona de Añatuya.

Desde la intervención tampoco cambiaron mucho las cosas: en el año 2000, la Legislatura Santiagueña aprobó una ley que modifica el Código de Procesamiento Criminal y Correccional mediante el artículo 182 bis que autoriza con excesivas facultades al juez penal para desalojar a un campesino ante una denuncia de usurpación de propiedad. Entonces, si viene una empresa que figura en los registros como titular del dominio o un terrateniente y presenta la denuncia ante el juez, le muestra una escritura, y el juez hace una argumentación y ordena el desalojo sin siquiera indagar y darle derecho a defensa al campesino. Con esa sola presentación puede ordenar el desalojo. Debido a la fuerza de la organización hay muy pocos casos en los que los jueces hayan realizado esa utilización del artículo, pero en un caso en el que si lo consiguieron es el de la familia Quiñones (ver cuadro aparte).

Pero por otro lado, el derecho tradicional burgués termina sirviendo para defender el derecho de los campesinos. Según el Código Civil (”Al que ha poseído durante veinte años sin interrupción alguna, no puede oponérsele ni la falta de título, ni su nulidad…”) es mas importante la posesión veinteañal que cualquier título que pudiera presentar el terrateniente de turno, pero la justicia santiagueña dio vuelta esto, dándole prioridad a los amigos de los Juárez, o al mejor postor.

En la calle se ve que el poder del terrateniente esta clarísimo, los carteles de las calles, las plazas, las escuelas, la iglesia, y hasta el cartel de la policía son “cortesía de Los Mimbres S.A.”, que es una de las sociedades anónimas de Guillermo Masoni. Este Masoni es dueño de mas de 100.000 hectáreas en la zona, es el que intenta permanentemente desalojar a los campesinos, y con el que hay 45.000 hectáreas actualmente en conflicto a través del que los compañeros campesinos han visto en algunos casos su tierra reducida a media hectárea o incluso desalojados. Los métodos que utiliza para desalojar van desde las denuncias a los campesinos por usurpación de los terrenos en los que ellos viven hace generaciones, hasta métodos como envenenamiento con glisfosato, y otros agrotóxicos, como por ejemplo el 24D, que aunque está prohibido en argentina se usa igual, matando animales, frutales, cultivos, envenenando los pozos de agua. Les hacen denuncias por animales en pastoreo. También con la organización de guardias blancas, que permanentemente patrullan las zonas en las que viven, amenazan, torturan. Les cortan los alambres, les queman los cercos; jamás la policía local les toma a los campesinos una denuncia, es la zona con mas tráfico de niños en el país, les instalan en el medio del campo una “escuela de artes y oficios” que no enseña ningún arte u oficio que tenga que ver con el campo, como mecánica, computación, diseño grafico, para continuar con la expulsión hacia la ciudad.

Además de luchar contra el gobierno y contra los empresarios, luchan también contra la distancia. Todo queda lejos, no tienen medios para moverse, salvo las motos que sólo trasportan de a dos. Uno de los medios de comunicación más usados es una de las radios locales por la que se anuncian las reuniones, se mandan mensajes.

Al no tener la posesión asegurada de la tierra, no pueden ni siquiera sembrar, ante la amenaza permanente de ser desalojados.

Sin embargo las asambleas están llenas de gente, incluidas varias mujeres que tienen gran nivel de participación. Son divertidas, se escuchan risas y bromas sobre la cárcel,  y sobre quién es partidario de Masoni.

A veces pareciera que la urgencia se come a lo importante. La necesidad de la posesión de la tierra es tan pero tan urgente que pareciera no dejar espacio para poder profundizar la discusión en otros aspectos, y sin embargo…los compañeros discutían hace un tiempito, frente a un dinero que tenían, de qué manera invertirlo, y después de algunas propuestas que se fueron descartando llegaron a la idea final de comprar unas vacas. Y entonces se dijo “que una vaca para cada familia” y que “cada uno en su pedazo de campo pone su vaca” y “pero no, que si cada uno tiene una vaca, perdemos todos tiempo en cuidarla, y que si están todas juntas se pierde un solo tiempo en cuidarlas” y además que ” no sólo tienen que estar todas juntas, sino que tienen que ser todas de todos, porque si aunque juntas una es de cada familia, si se muere una, ¿de quien es?, que mejor todas las vacas de todos”. También discutían acerca del último pedazo de monte virgen que queda, y al que Masoni le tiene ganas… piensan que sería bueno convertirlo en reserva, porque es el último refugio de especies animales y vegetales…y lo hacen desde el respeto y el amor que como campesinos sienten por el monte y la tierra y eso se expresa en su preocupación: “si no nuestros hijos no van a conocer nada de todo esto, van a tener que viajar a los zoológicos a conocer los bichos que acá había”.

Pero la discusión es sólo un pedacito, se han dados pasos gigantes hacia delante… por ejemplo en la toma de campos, en los que ellos o sus familias con anterioridad usaban para sacar leña o hacer pastorear a los animales, y que no estaban delimitados, puesto que hasta la llegada de los empresarios, los campos eran comuneros, no hacían falta los alambres porque trabajaban todos los vecinos juntos, y donde además el monte era parte del campo. Y decimos lo del monte, porque en las pocas ocasiones que han podido hacerse de las escrituras posesorias, se ignora su derecho sobre el monte, puesto que desde una visión totalmente occidental, si no está desmontado no se puede producir; entonces sobre esos campos, en los cuales ellos trabajan desde siempre, pero que no les era reconocido, han avanzado, y frente a esa ceguera de negar el monte como su propiedad, tomaron la medida de construir sus ranchos en una noche, en medio de su monte, para así si poder demostrar su presencia allí.

Pero 25 años de lucha en estas condiciones, en estas duras condiciones, son mucho tiempo… los campesinos tienen la sangre caliente y están cansados de no ser escuchados. La única solución a los problemas es la tenencia segura de la tierra y un gobierno que garantice la democratización de la tecnología adecuada, inversiones, economía planificada. Los campesinos están cansados pero no por ello van a abandonar la lucha, sino más bien que frente a las no posibilidades empiezan a ver que la violencia de arriba debe ser enfrentada con la violencia de abajo. En tiempos donde la Argentina que siempre se vanaglorió de su diversificación agropecuaria, va a pasos acelerados  hacia el monocultivo de la soja, se puede mirar para el costado y dejar que pase lo que tenga que pasar o se puede, una vez más, jugar del lado que corresponde, el del pueblo, el lado de los que sufren y luchan, el lado del para todos todo.

El sueño de los compañeros campesinos es desterrar a Masoni, repartir las tierras entre los que no tienen, y para ello saben que la unión es el primer paso… porque una ramita sola la quiebra cualquiera, pero a cien ramitas juntas, ¿quien las quiebra?

Quiñones:

Don Silvano Quiñones fue uno de los primeros pobladores de Los Juríes, a 80 kilómetros de la ciudad de Añatuya y a 280 de la capital de Santiago. El hombre se instaló en el lote 41, en un predio que hoy abarca 485 hectáreas. En una esquina donde no había nadie y todo era monte, comenzó a construir su rancho. Donde vivió con su señora doña Reina y sus hijos, todos nacidos y criados allí. También donaron una hectárea lindera al lote 41 para la construcción de una escuela rural.

El campo de Los Quiñones es uno de los mejores terrenos de la zona, tiene buena agua. Cuando muere Don Silvano, Eduardo Secchi, quien era entonces el abogado de confianza de la familia, engaña a Doña Reina y abre el camino a la estafa: le hace firmar una hoja en blanco mediante la cuál le cede los derechos posesorios del campo. Fue una firma en la que ni siquiera había un escribano.

Luego la familia contrató los servicios del abogado Nelson Vicente García quien, en sociedad con Secchi, engañó también a los hijos herederos y liberó el camino para transferir la propiedad a la empresa Sartor.

Los Quiñones fueron desalojados por primera vez en el 2003. La policía rompió muebles y varios elementos de la casa desaparecieron. Ellos no bajaron los brazos y volvieron en tres ocasiones a recuperar su tierra, sufriendo sucesivos desalojos. Recién llegada la intervención, el juez Armando Mansilla, estrena el 182bis y setenta efectivos policiales irrumpieron en el campo. El juez indicó a dedo a quiénes debían detener y esposaron a Walter y Hugo Quiñones, Nildo González (suegro de Walter) y Lucho Catán.

Los detenidos estuvieron siete días incomunicados y fueron procesados por “Usurpación de Propiedad y Desobediencia Judicial”, puesto que el campo era garantía de un crédito. Finalmente la apelación del abogado Luis Santucho logró demostrar a partir del acceso a los archivos del banco que, la cifra que se acusaba adeudada, había “sufrido” el agregado de un cero (de 20.000 dólares  que se adeudaba, se pretendían 200.000) y el cargo de usurpación sobre los Quiñones cambia a estafa y falsificación de documento público, en contra de la empresa.

Actualmente el campo de los Quiñones está ocupado por la empresa Peiretti, una firma que llegó a Santiago del Estero desde Santa Fé. A pesar de esto, los quiñones viven en la ciudad, puesto que los expedientes están cajoneados y el campo aun esta ocupado.