
20 DE FEBRERO DEL ´96: IMPOSICIÓN DE LA LES Y FEROZ REPRESIÓNDiez años de Ley de Educación Superior y de resistencia estudiantil
- Hace diez años, el 20 de Febrero de 1996, la Universidad Nacional de La Plata a través de una Asamblea Universitaria adecuaba sus estatutos a la Ley de Educación Superior con la mayor represión desatada sobre los estudiantes desde la última dictadura. Ese día la policía detuvo ilegalmente a 250 personas (los llevó a la Guardia de Infantería en 1 y 60, que fuera un centro clandestino de detención) y luego reprimió a los estudiantes y trabajadores que reclamaban su libertad. Por la tarde se desató otra brutal represión en el bosque, en la que se detuvo a once personas a las que se les imputaron delitos penales, que luego se demostraron inexistentes. Pese a esta situación, la sesión de la Asamblea Universitaria continuó, concretando la reforma.
En la década del ´90, el gobierno de Carlos Menem propuso modificar la estructura estatal para adaptarla a un modelo social, político y económico de achicamiento del Estado y de privatización. Se trató de imponer un modelo educativo funcional a un modelo sociopolítico y económico de dualización social, basado en la exclusión y marginación de un número creciente de personas. Este modelo segmenta la educación y la convierte en un bien de consumo. Para lograr esto, cercena la autonomía universitaria y se impone con violencia y autoritarismo.
La respuesta de las autoridades ante aquella feroz represión fue, como en otras ocasiones, situar los episodios en el marco de “algunos policías que se excedieron”. Eduardo Duhalde, en ese momento gobernador de la provincia de Buenos Aires, negó tener responsabilidad política en la represión aunque justificó el accionar policial ante el pedido de la universidad. Las autoridades de la UNLP también repudiaron posteriormente la represión, a pesar de que enterados de la misma siguieron sesionando. El rector Luis Lima reconoció expresamente haber pedido a las fuerzas de seguridad garantizar que la Asamblea Universitaria pudiera llevar adelante la sesión para adecuar el Estatuto a la LES.
El brazo estudiantil del radicalismo, Franja Morada, fue la única agrupación estudiantil que participó en la Asamblea, en tanto que a los consejeros del resto del movimiento estudiantil no se les dio una identificación, que sí poseía la Franja, para que la policía les permita acceder a la sesión.
En 1994, el Poder Ejecutivo Nacional había enviado al Congreso el proyecto de la LES, cuya “necesidad” se reforzaba unos meses después con una estadística de las universidades en la que se señalaban “problemas estructurales en el régimen de ingreso y permanencia de los alumnos”, que se mostraban como factores indicadores de “eficiencia” del sistema. El tinte de inevitable se emparentaba con todas las privatizaciones impulsadas en esa década.
Los cursos “nivelatorios” surgían en todas las universidades del país para “dar solución a las diferencias en formación y rendimiento académico”, pero los estudiantes denunciaban que “lejos de ser nivelatorios se vuelven claramente restrictivos (combinados con medidas como sistemas duros de correlativas para dificultar el cursado sin mencionar los aranceles administrativos o aportes `voluntarios´), acentuando la desigualdad social, excluyendo, marginando y elitizando la formación superior”.
Desde su sanción, con una fuerte oposición estudiantil en las calles hasta hoy, la LES fue promulgada y sostenida con represión, silencio de las autoridades y oposición estudiantil. Tan fuerte fue la oposición del movimiento estudiantil a lo largo de estos diez años que la educación siguió siendo pública, aunque tensionada por medidas que desde estos espacios definen como “claramente restrictivas y antipopulares”.
Como déficit para el gobierno, hay que señalar que no se logró homogeneizar la reforma educativa. En el sur del país no se aplicó ni la LFE ni la LES, y en 2004 el movimiento estudiantil del Comahue logró frenar las acreditaciones de la CONEAU en todas sus facultades. En 2005, en Córdoba, hubo marchas de 30 mil personas y se logró el ingreso irrestricto en Medicina. En el mismo año hubo tres Marchas Federales a Plaza de Mayo en unidad con trabajadores ocupados y desocupados. Estas movilizaciones se dieron en el contexto de fuertes operativos policiales que impidieron en dos ocasiones la entrada a la histórica plaza.
A lo largo de todo el país, durante el año pasado, los estudiantes se organizaron en asambleas interfacultades, de manera solidaria con los docentes que pedían una recomposición salarial y en lucha contra la Ley de Educación Superior. Y en el año que comienza, esas luchas "no sólo siguen vigentes sino que -según analizan sectores estudiantiles autónomos- traen los saldos organizativos del 2005 para fortalecerlas”.
lunes, 13 de febrero de 2006
EMPEZAMOS EL 2006! y ya van 10 años de LES
viernes, 16 de diciembre de 2005
URGENTE!!!! Desalojo de Campesinos de la UST

- 1º comunicado Aqui
- !4 diciembre, 2º Comunicado
-15 diciembre 3º Comunicado
Fecha: 14 de Diciembre de 2005
Violento desalojo a 12 Familias de Trabajadores Rurales del Departamento de San Martín, Provincia de Mendoza.
Para recordar los hechos que veníamos denunciando, el pasado viernes 25 de Noviembre fue desalojado de su tierra Alberto Jofré, junto a su esposa, hijos y nietos, ante la presencia de abogados, oficiales de justicia y agentes de la policía que mediante violentas amenazas y sin seguir los procedimientos legales dejaron a esta Familia campesina sin su tierra en la que viven y trabajan desde hace 43 años. Los hechos se suceden en dos propiedades conocidas como "Bestani" , ubicadas en sobre la calle Lemos, en El Divisadero a siete kilómetros de Tres Porteñas. Esta finca fue abandonada por “quiebra” en el año 1999, (como tantas en nuestra provincia)y hoy aparecen distintos personajes que dicen ser los dueños. El Lunes 28 de Noviembre los mismos individuos, sin la Oficial de Justicia aparecen en otra finca cercana, de los mismos antiguos “dueños” que era Agroindustrias INCA SA, amenazando violentamente con desalojar a las 11 Familias que viven y trabajan allí desde hace mas de 30 años. Esta finca, también abandonada por “quiebra”, fue adquirida en subasta por Geromi S.A. (firma que aparentemente pertenece a los mismos dueños que la llevaron a la quiebra.)
El equipo jurídico de la UST se hizo presente en varias ocasiones en el Juzgado Civil Nº2 de San Martín donde no se les permitió ver el expediente. Ante esta situación el 9 de diciembre se hicieron presentes, en el Juzgado Nacional Comercial Nº14 secretaria 27 de Capital Federal, para hacerse parte y solicitar la suspensión de las medidas. Dicha solicitud fue presentada también al Juzgado Civil Nº2 de San Martín donde rige la dirección Daniel Albi, quien estaría a cargo de realizar el desalojo.
El 13 de diciembre las familias afectadas se hicieron presente en la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados solicitando un pedido de informe a la Justicia para garantizar su legitimo derecho a la defensa.
Hoy jueves 14 de diciembre a las 9 hs, el abogado Mario Luquez Ríos (por Geromi SA) y la policía a cargo del Cabo Esteban Torres llegaron a la finca, para desalojar a las familias campesinas quienes exigieron que se hiciera presente un oficial de justicia con una orden desalojo, al negarse a este pedido las familias resistieron.
Luego llega un cuerpo de infantería con 30 efectivos para asustar y presionar a las familias . A las 12:00 horas Maria Egea (que se encontraba desde el inicio del conflicto) se presenta como oficial de justicia; y solo les permite leer la orden de desalojo cuando llega el abogado de la organización. Dicha orden involucraba solo a 4 de las 11 familias.
A las 13: 30 se inician violentos forcejeos por parte de la policía y el cuerpo de infantería con armas de guerra tiran tiros, rompen la tranquera de la finca; golpean y se llevan detenido a Jose Daniel Juárez
( integrante de una de las 12 familias).
Posteriormente ingresan casa por casa efectuando el desalojo y despojándolos de sus pertenencias, dejándolos en la calle. Estos hechos fueron llevados a cabo ante la presencia de 45 niños.
Se ha decidido resistir en un lote dentro de la finca, levantar una carpa donde permanecerán las familias desalojadas, exigiendo que el Estado tome parte de esta situación y que se cumplan sus derechos.
Ratificamos que este mencionado desalojo, es solo uno más, de los miles que se producen en el marco de la profundización del modelo productivo actual, que consiste en la extranjerización de la tierra y el agua, y concentración de los recursos productivos y naturales. Sumado a esto la precaria situación registral en tenencia de tierra, las mafias judiciales y de ligas de compradores existentes en la Provincia de Mendoza.
Fecha: 15 de Diciembre de 2005
Continúan resistiendo en una carpa las familias que ayer fueron violentamente desalojadas de una finca quebrada.