Fecha: 1 de Diciembre de 2005 Desalojo y amenazas a 12 Familias de Trabajadores Rurales del Departamento de San Martín, Provincia de Mendoza. El pasado Viernes 25 de Noviembre fue desalojado de su tierra Alberto Jofré, junto a su esposa, hijos y nietos, ante la presencia de abogados, oficiales de justicia y agentes de la policía que mediante violentas amenazas y sin seguir los procedimientos legales dejaron a esta Familia campesina sin su tierra en la que viven y trabajan desde hace 43 años. Esta finca fue abandonada por “quiebra” en el año 1999, (como tantas en nuestra provincia) y ha sido comprada por capitales españoles. El Lunes 28 de Noviembre los mismos individuos, sin la Oficial de Justicia aparecen en otra finca cercana, de los mismos antiguos “dueños” que era Agroindustrias INCA SA, amenazando violentamente con desalojar a las 11 Familias que viven y trabajan allí desde hace también tantos años. Esta finca, también abandonada por “quiebra”, fue adquirida en subasta por las mismas personas (ahora como Geromi SA) que la llevaron a la quiebra. Las 12 familias integrantes de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) que resisten pacíficamente los desalojos, trabajaron por más de 20 años en negro, en esas fincas cuando funcionaban. Luego vinieron las quiebras, el abandono de las fincas por sus patrones, que también abandonaron a los trabajadores con innumerables deudas relacionadas a los años de trabajo, aportes previsionales, salario familiar, etc.. Los dejaron sin servicios básicos (agua, luz), y en esas condiciones, las familias hicieron mejoras en sus casas y actualmente trabajan sus huertas para el autoconsumo, y crían sus animales. Aprovechando el desconocimiento y la dificultad de las familias campesinas para acceder a la información judicial, tanto el proceso de subasta como el supuesto juicio de desalojo, se han llevado a cabo sin que las principales víctimas puedan ser parte y defenderse. El mencionado desalojo, es solo uno más, de los miles que se producen en el marco de la profundización del modelo productivo actual, que consiste en la extranjerización de la tierra y el agua, y concentración de los recursos productivos y naturales. Sumado a esto la precaria situación registral en tenencia de tierra y las mafias judiciales y de ligas de compradores existentes en la Provincia de Mendoza. Este procedimiento es ilegítimo porque: · Viola derechos humanos fundamentales sobre las personas y no respeta los derechos consagrados en la constitución nacional relacionados con los derechos de los más de 30 niños que viven actualmente en la finca, con el derecho legítimo a la defensa, con el derecho a la alimentación, y ante todo se viola de manera vergonzosa el principio de igualdad ante la ley.¿ cómo pretendemos construir el futuro si nuestros hijos son violentados en sus derechos? ¿cómo van a construir su futuro, si no tienen un ambiente sano donde vivir dignamente? · El fallo judicial (con sede en el 2º Juzgado civil de San Martín) desconoce los derechos de las familias campesinas que habitan la tierra desde hace mucho tiempo y los procedimientos judiciales han sido, al menos, irregulares, sin ningún tipo de notificación a las familias y negando a los campesinos toda posibilidad de ejercer el derecho de defensa.
