Al emblocar situaciones distintas y hasta antagónicas, el gobierno les regaló un impensado baño de multitudes a Carrió y la Sociedad Rural. Pero la comparación entre diciembre de 2001 y marzo de 2008 es sólo una expresión de deseos de quienes fantasean con tumbar a CFK. Los peligros de una prueba de fuerza, en la que el gobierno no contempla reprimir.
Por Horacio Verbitsky
En su Carta Abierta a la Junta Militar, Rodolfo J. Walsh caracterizó “la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz” con una frase del presidente de la Sociedad Rural, Celedonio Pereda: “Llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos”. También la coherencia es un bien distribuido en forma desigual y concentrado en la cúpula. El precio de los alimentos sigue siendo un tema central, que ninguna de las cámaras patronales mencionó durante su lockout, ya que sólo parecen motivadas por su interés sectorial, sobre el que se montan los pequeños grupos interesados en acabar con el gobierno que impulsó el castigo a los responsables de aquella dictadura y que fijó la redistribución del ingreso como una meta central.
Reeditar la pueblada de diciembre de 2001 es una fantasía inviable. El gobierno de la Alianza se deshacía solo, luego de la renuncia del vicepresidente que denunció el intento de sobornar senadores para legalizar la precarización del empleo y de una catástrofe electoral. Padecía una sostenida fuga de capitales en medio de una profunda recesión. La desindustrialización destruía puestos de trabajo y el presidente Fernando De la Rúa no tenía mejor idea que reducir los ingresos de los jubilados. El corralito impactó a los sectores más prósperos y a los más desprotegidos, que perdieron sus changas porque los otros no tenían efectivo para pagarles. Ante la reacción general, De la Rúa sólo atinó a dictar el estado de sitio y ordenar la represión, que costó más de 30 muertos en todo el país. Recién renunció cuando la mayoría justicialista en ambas cámaras anunció que le iniciaría el procedimiento de juicio político. Cristina acaba de ser electa, con una votación que duplica la de Kirchner en 2003 y la de la segunda fuerza ahora, tiene mayoría en ambas cámaras y más de la mitad de la población aprueba su desempeño. La situación económica tiene una consistencia sin precedentes, luego de cinco años de crecimiento superior al 8 por ciento anual y de reducción del desempleo, que cayó del 24 al 7,5 por ciento. El gobierno conserva reflejos e iniciativa política. Con la fuerza que De la Rúa no tenía, permitió los bloqueos rurales sin represión, y por medios políticos forzó su levantamiento para dialogar, aunque el desacuerdo en la primera reunión evoca los fantasmas de Santa Cruz, donde un conflicto de fácil resolución se extendió por meses, con un alto costo político. La cantidad de personas movilizadas en la Capital fue exigua y se redujo a los barrios más acomodados. La trompada de Luis D’Elía a un activista de Gualeguaychú, que lo siguió durante cien metros insultándolo, y el forcejeo en la ruta entre camioneros y piqueteros es lo más desagradable que ocurrió en estas dos semanas. Estos recursos dicen bastante sobre las deficiencias de la construcción política oficial. Pero demonizar a D’Elía y a los camioneros comparándolos con López Rega y la Triple A y creer que la ciudadanía se evidencia en el color de la piel o la calidad del vestuario son demasías autodescalificatorias.
“La legitimidad segmentada”
Sin embargo los episodios de las últimas dos semanas constituyeron una complicación política para el gobierno y una victoria de Elisa Carrió. La virulencia de los chacareros jóvenes, que prendieron fuego a una cosechadora de Carlos Reutemann en Santa Fe, es un dato que no se debe ignorar, porque ha abierto espacio a la reaparición de algunos muertos vivos, como el Choclo Augusto Alasino, que con boina de productor participó en un escrache al intendente de Concordia, o Héctor Maya, candidato a vicepresidente de Rodríguez Saá, que salió cuarto en las elecciones de Entre Ríos y ahora alienta el corte junto con el energúmeno de Gualeguaychú, Alfredo De Angelis. Desde que cerró el escrutinio, Carrió se propuso desmerecer el resultado y minar al nuevo gobierno por su presunta “legitimidad segmentada”: se le opondría el 70 por ciento de las clases medias de los centros urbanos, la gente como uno. Para la jefa de la Coalición Cívica Libertadora los electores de la presidente no son libres porque están “dominados por el clientelismo y la miseria” y anunció que acudiría a su rescate al frente de las clases medias y altas. Desde entonces ha trabajado para volver operativo ese esquema clasista. Esto se hizo evidente en la exhibición de relucientes cacerolas de acero inoxidable, sofisticados woks y sartenes de teflón sin rayar. Carrió unió algunos casos de corrupción dentro del gobierno con el incremento de las retenciones y formuló este ingenioso sofisma: “Lo que le roban al campo va a parar a los negocios de Kirchner y De Vido”, una falacia a medida del paladar de las clases medias, en las que el sentimiento gorila sigue idéntico a sí mismo, pese a la mutación del peronismo en una mera cáscara electoral. Desde 2002, cuando su principal asesor económico era Rubén Lo Vuolo, Carrió se pronunció en favor de “retenciones móviles y muy elevadas y diferenciando entre distintas producciones”, base de su propuesta de redistribución del ingreso. Pero cuando creó la CCL para ampliar su espacio hacia la derecha, sus asesores pasaron a ser Adolfo de Prat Gay, a quien Kirchner no le renovó el mandato en el Banco Central porque proponía una política de ajuste, y el dirigente de la asociación católica de empresarios Santiago del Sel, que le acercó el cardenal Jorge Bergoglio. Ahora descubrió que las retenciones que antes propugnaba son confiscatorias y pide “dejar en paz al campo”, es decir “no entrometerse en los mercados”. Cuando Carrió presentó a Prat Gay como su eventual ministro de Economía, Lo Vuolo discutió con ella en forma durísima por el tema de las retenciones, y se alejó en silencio. Otro triunfador político es la Sociedad Rural, que ha conseguido arrastrar detrás de sus posiciones a la Federación Agraria, cuyo liderazgo oscila entre el Grito de Alcorta (contra los grandes terratenientes) y el cacerolazo de la Avenida Alcorta. Los chacareros le pusieron rostro humano a la extorsión de los grandes capitalistas agropecuarios. El enconado Eduardo Buzzi permitió que Luciano Miguens pareciera un hombre sereno y razonable. Buzzi había dicho que contaba con el apoyo de Víctor De Gennaro y Hugo Yasky, pero la mesa nacional de la CTA, que ambos integran, lo desmintió en forma implícita al respaldar las retenciones, como mecanismo redistributivo ante “las extraordinarias ganancias de los sectores concentrados” y rechazó el “intento de desestabilización institucional”. Esto es evidente en algunos de los aliados de Buzzi, como la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa. La CTA también pidió un tratamiento diferenciado en las retenciones para la Federación Agraria, las cooperativas y el Movimiento Campesino santiagueño.
El plan
El gobierno tiene una elaborada serie de medidas para diferenciar entre los grandes y pequeños productores, entre los sojeros y aquellos que producen trigo, maíz, carne y leche, y otras menos definidas para satisfacer al conjunto de la producción y a las provincias. Son las que CFK se proponía incluir en la mesa sectorial de agroindustrias y alimentos para el acuerdo social que postuló durante su campaña y que por errores técnicos y políticos en vez de diálogo dieron lugar a la confrontación, emblocando tanto en la Capital como en el interior a sectores que tienen intereses distintos y hasta opuestos. En todos los casos, esas medidas tienden a estimular inversiones que incrementen la producción de esos alimentos y capitalizar la oportunidad que ofrecen las condiciones excepcionales del mercado internacional. Cuando aún era candidata, CFK explicó que le gustaría vivir en un país en el que la industria subsidiara al agro, como ocurre en Estados Unidos o en Europa. Pero, añadió, “la historia no la inventé yo”. Esta es una síntesis del plan, orientado a reducir la dependencia de la soja y abrir espacio para otras producciones menos rentables pero de mayor utilidad social y generación de empleo:
1
Reintegros a los pequeños productores. Las retenciones se cobran a los exportadores, lo cual impide discernir la dimensión del productor que aportó cada partida. La solución es el pago de reintegros a los pequeños productores o a los más lejanos de los puertos de embarque, como ya se hace en el caso de la leche, sobre la declaración jurada de ganancias de cada productor. Es de 7 centavos por litro para los tamberos que entregan hasta 3000 litros de leche por día, de 3 centavos entre 3000 y 4500 litros y de 1 centavo por encima de los 4500. En el caso de los granos el reintegro sería de 5 puntos porcentuales. El carácter móvil de las retenciones, hacia arriba pero también a la baja, determinó que el descenso en el precio de la soja posterior al anuncio del 11 de marzo disminuyera las retenciones del 44 al 40 por ciento. Con el reintegro del 5 por ciento, para los pequeños agricultores volvería a los 35 puntos de noviembre. Pero el viernes, cuando el gobierno hizo esa propuesta, la Federación Agraria se empecinó en exigir la suspensión para todos de las retenciones móviles.
2
Nueva baja en el precio de los fertilizantes. En la primera semana del paro, el gobierno anunció un acuerdo con los productores de fertilizantes para disminuir su precio en un 20 por ciento. Además contempla un subsidio adicional del 17,5 por ciento. Los productores más pequeños o los de zonas marginales recibirían así un estímulo a la fertilización.
3
Subsidio a los lácteos de consumo popular. Hasta ahora el tambero subsidió a las usinas elaboradoras y a los consumidores de alto poder adquisitivo. El precio de corte fijado para la leche en polvo (2270 dólares por tonelada), por encima del cual el fisco se apodera de la diferencia con el precio internacional, determina el que percibe el tambero por cada litro de leche fluida que entrega. La propuesta oficial es elevar ese precio de corte, de modo de que el tambero pueda recibir 90 centavos por litro, en vez de los actuales 83, y subsidiar sólo los cinco productos elaborados de mayor consumo popular: leche en sachet y larga vida, queso cuartirolo, yogur y manteca. Así dejaría de auxiliarse a las plantas elaboradoras y al consumo sofisticado de productos como la carísima mozzarella de búfala que produce el ex presidente del Banco Central Javier González Fraga. La mejora del precio al tambero estimularía la inversión y los incrementos de producción.
4
El cuarteo de la media res. Ni Adrián Paenza podría explicar por qué se llama cuarteo de la media res a su trozado en tres partes. Esto permitiría diferenciar la comercialización de los cortes populares, que se destinarían al mercado interno a precios diferenciados de los internacionales, y los finos, que podrían exportarse sin restricciones. La consiguiente mejora de rentabilidad, con la simultánea reducción de la sojera por el impacto de las retenciones, estimularía que los grandes productores, que combinan soja y ganadería, cría e invernada, incrementaran la producción de carnes, revirtiendo el proceso de las últimas décadas.
5
Mejora de los trabajadores rurales. El lockout puso en evidencia que los trabajadores rurales están entre los peor pagos del país, con un porcentaje de informalidad muy superior al del resto de la economía. El acto en el campo de juego de Deportivo Español, en el que CFK dijo haber sentido mucha adrenalina, se realizó con un impresionante cartel verde detrás del palco que decía “Moyano conducción”. A sus lados lucían dos círculos blancos, de la CGT, que conduce Moyano, y de las 62 Organizaciones, cuyo secretario general es también el de los peones rurales, Gerónimo Venegas. Inspirador de los amenazantes carteles que decían “No jodan con Perón” el Momo Venegas postuló que Néstor Kirchner debía presidir el PJ, donde cree más factible entornarlo que con los proyectos alternativos de la transversalidad y la Concertación plural. Estos antecedentes son importantes para comprender el rol que jugó en estas semanas, alineado con los patrones que emplean a sus afiliados. El oxígeno fiscal que el gobierno obtiene por las retenciones también permitiría mejorar las asignaciones a los peones de campo, previo blanqueo controlado por el ministerio de Trabajo. ¿Qué argumento de la ortodoxia peronista podría esgrimir Venegas para oponerse a esta medida, en la línea del Estatuto del Peón del primer peronismo?
6
Recuperación del Belgrano cargas. Una parte de los ingresos fiscales por las retenciones se destinaría a recuperar el deteriorado ferrocarril Belgrano de cargas. Junto con una mayor inversión en infraestructura vial bajaría los costos de los productores más lejanos, aquellos que no tienen tren, ni puerto ni traders propias. Esto también interesa a las provincias y el gobierno estaría dispuesto a firmar con los gobernadores y las entidades patronales un compromiso escrito de asignación específica de determinados montos o porcentajes.
En la reunión del viernes, las cámaras patronales reclamaban que se volviera atrás con las retenciones móviles para esta cosecha. Recién aceptaron discutir las propuestas oficiales luego del cuarto intermedio en el que CFK les ratificó a sus ministros que las retenciones eran intocables. Los empresarios no creen en el mecanismo de descuento en el impuesto a las ganancias y reclaman el subsidio directo al fertilizante y a los fletes de los productores del NOA y el NEA. Se concrete o no la segunda reunión mañana, el martes se realizará una concentración en Plaza de Mayo, en respaldo del gobierno, ya no por pequeños grupos de activistas. En caso de reanudación de los cortes, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, estudia operativos para abrir las rutas en puntos estratégicos, con gran concentración de efectivos desarmados. La orden de no reprimir sigue vigente.
Más allá del rol que cada uno juega, una buena pregunta es por qué el gobierno no convocó a las entidades a discutir este plan antes de efectuar los anuncios. Desde el Ministerio de Economía afirman que el sigilo era imprescindible para evitar que los exportadores registraran operaciones inexistentes con el nivel anterior de retenciones, fraude que desde 2002 implicó ganancias ilegítimas por un par de miles de millones de dólares. El jefe de gabinete, Alberto Fernández, repite que cada vez que convocó a las entidades a analizar las medidas complementarias para los pequeños productores, le respondieron con la convocatoria al paro, hasta su extensión por tiempo indeterminado con corte de las rutas. Pero ni el enfoque técnico ni el político explican por qué las medidas compensatorias y estudiadas no se anunciaron al mismo tiempo y con la misma sorpresa que las retenciones.
La palabra oficial
En los primeros cien días de su gobierno, CFK dejó pasar la oportunidad de rever la política de tierra arrasada en el Indec, que la sociedad toleró mientras parecía tener fecha de vencimiento el día de las elecciones y cuando la inflación se percibía en semestres o meses, no en semanas. La rotura deliberada del instrumento de medición no sólo degrada la calidad institucional, también tiene consecuencias económicas, sociales y políticas de largo plazo. La manipulación que comenzó por un indicador se fue extendiendo luego a otros, que se alteran o no se publican. Subestimar la inflación es hacerlo también con los niveles de pobreza, cuya disminución ha sido un legítimo orgullo del gobierno. Esta devaluación de la palabra oficial también deteriora el rol de arbitraje estatal, situación que sólo puede beneficiar a los más fuertes, ayudados por la política de mero maquillaje del pintoresco As de Cartón a cargo del comercio interior. Desemblocar la asociación ilícita entre gorilas de distintos pelajes y golpismos y las personas más banales que perversas de las clases medias, para las que ante todo cuenta su casa, su familia, su seguridad, su auto y, como en la tira del dibujante francés Maurice Siné, su culo, es tan urgente como asumir el problema de la inflación, ahora que no es posible ocultarlo. Y la única manera seria de enfrentarlo es avanzar sobre los oligopolios que controlan los quince insumos principales que se utilizan en la producción. Nadie lo sabe mejor que Lousteau, autor de un estudio sobre ese nudo gordiano de la economía argentina.
Por Horacio Verbitsky
En su Carta Abierta a la Junta Militar, Rodolfo J. Walsh caracterizó “la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz” con una frase del presidente de la Sociedad Rural, Celedonio Pereda: “Llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos”. También la coherencia es un bien distribuido en forma desigual y concentrado en la cúpula. El precio de los alimentos sigue siendo un tema central, que ninguna de las cámaras patronales mencionó durante su lockout, ya que sólo parecen motivadas por su interés sectorial, sobre el que se montan los pequeños grupos interesados en acabar con el gobierno que impulsó el castigo a los responsables de aquella dictadura y que fijó la redistribución del ingreso como una meta central.
Reeditar la pueblada de diciembre de 2001 es una fantasía inviable. El gobierno de la Alianza se deshacía solo, luego de la renuncia del vicepresidente que denunció el intento de sobornar senadores para legalizar la precarización del empleo y de una catástrofe electoral. Padecía una sostenida fuga de capitales en medio de una profunda recesión. La desindustrialización destruía puestos de trabajo y el presidente Fernando De la Rúa no tenía mejor idea que reducir los ingresos de los jubilados. El corralito impactó a los sectores más prósperos y a los más desprotegidos, que perdieron sus changas porque los otros no tenían efectivo para pagarles. Ante la reacción general, De la Rúa sólo atinó a dictar el estado de sitio y ordenar la represión, que costó más de 30 muertos en todo el país. Recién renunció cuando la mayoría justicialista en ambas cámaras anunció que le iniciaría el procedimiento de juicio político. Cristina acaba de ser electa, con una votación que duplica la de Kirchner en 2003 y la de la segunda fuerza ahora, tiene mayoría en ambas cámaras y más de la mitad de la población aprueba su desempeño. La situación económica tiene una consistencia sin precedentes, luego de cinco años de crecimiento superior al 8 por ciento anual y de reducción del desempleo, que cayó del 24 al 7,5 por ciento. El gobierno conserva reflejos e iniciativa política. Con la fuerza que De la Rúa no tenía, permitió los bloqueos rurales sin represión, y por medios políticos forzó su levantamiento para dialogar, aunque el desacuerdo en la primera reunión evoca los fantasmas de Santa Cruz, donde un conflicto de fácil resolución se extendió por meses, con un alto costo político. La cantidad de personas movilizadas en la Capital fue exigua y se redujo a los barrios más acomodados. La trompada de Luis D’Elía a un activista de Gualeguaychú, que lo siguió durante cien metros insultándolo, y el forcejeo en la ruta entre camioneros y piqueteros es lo más desagradable que ocurrió en estas dos semanas. Estos recursos dicen bastante sobre las deficiencias de la construcción política oficial. Pero demonizar a D’Elía y a los camioneros comparándolos con López Rega y la Triple A y creer que la ciudadanía se evidencia en el color de la piel o la calidad del vestuario son demasías autodescalificatorias.
“La legitimidad segmentada”
Sin embargo los episodios de las últimas dos semanas constituyeron una complicación política para el gobierno y una victoria de Elisa Carrió. La virulencia de los chacareros jóvenes, que prendieron fuego a una cosechadora de Carlos Reutemann en Santa Fe, es un dato que no se debe ignorar, porque ha abierto espacio a la reaparición de algunos muertos vivos, como el Choclo Augusto Alasino, que con boina de productor participó en un escrache al intendente de Concordia, o Héctor Maya, candidato a vicepresidente de Rodríguez Saá, que salió cuarto en las elecciones de Entre Ríos y ahora alienta el corte junto con el energúmeno de Gualeguaychú, Alfredo De Angelis. Desde que cerró el escrutinio, Carrió se propuso desmerecer el resultado y minar al nuevo gobierno por su presunta “legitimidad segmentada”: se le opondría el 70 por ciento de las clases medias de los centros urbanos, la gente como uno. Para la jefa de la Coalición Cívica Libertadora los electores de la presidente no son libres porque están “dominados por el clientelismo y la miseria” y anunció que acudiría a su rescate al frente de las clases medias y altas. Desde entonces ha trabajado para volver operativo ese esquema clasista. Esto se hizo evidente en la exhibición de relucientes cacerolas de acero inoxidable, sofisticados woks y sartenes de teflón sin rayar. Carrió unió algunos casos de corrupción dentro del gobierno con el incremento de las retenciones y formuló este ingenioso sofisma: “Lo que le roban al campo va a parar a los negocios de Kirchner y De Vido”, una falacia a medida del paladar de las clases medias, en las que el sentimiento gorila sigue idéntico a sí mismo, pese a la mutación del peronismo en una mera cáscara electoral. Desde 2002, cuando su principal asesor económico era Rubén Lo Vuolo, Carrió se pronunció en favor de “retenciones móviles y muy elevadas y diferenciando entre distintas producciones”, base de su propuesta de redistribución del ingreso. Pero cuando creó la CCL para ampliar su espacio hacia la derecha, sus asesores pasaron a ser Adolfo de Prat Gay, a quien Kirchner no le renovó el mandato en el Banco Central porque proponía una política de ajuste, y el dirigente de la asociación católica de empresarios Santiago del Sel, que le acercó el cardenal Jorge Bergoglio. Ahora descubrió que las retenciones que antes propugnaba son confiscatorias y pide “dejar en paz al campo”, es decir “no entrometerse en los mercados”. Cuando Carrió presentó a Prat Gay como su eventual ministro de Economía, Lo Vuolo discutió con ella en forma durísima por el tema de las retenciones, y se alejó en silencio. Otro triunfador político es la Sociedad Rural, que ha conseguido arrastrar detrás de sus posiciones a la Federación Agraria, cuyo liderazgo oscila entre el Grito de Alcorta (contra los grandes terratenientes) y el cacerolazo de la Avenida Alcorta. Los chacareros le pusieron rostro humano a la extorsión de los grandes capitalistas agropecuarios. El enconado Eduardo Buzzi permitió que Luciano Miguens pareciera un hombre sereno y razonable. Buzzi había dicho que contaba con el apoyo de Víctor De Gennaro y Hugo Yasky, pero la mesa nacional de la CTA, que ambos integran, lo desmintió en forma implícita al respaldar las retenciones, como mecanismo redistributivo ante “las extraordinarias ganancias de los sectores concentrados” y rechazó el “intento de desestabilización institucional”. Esto es evidente en algunos de los aliados de Buzzi, como la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa. La CTA también pidió un tratamiento diferenciado en las retenciones para la Federación Agraria, las cooperativas y el Movimiento Campesino santiagueño.
El plan
El gobierno tiene una elaborada serie de medidas para diferenciar entre los grandes y pequeños productores, entre los sojeros y aquellos que producen trigo, maíz, carne y leche, y otras menos definidas para satisfacer al conjunto de la producción y a las provincias. Son las que CFK se proponía incluir en la mesa sectorial de agroindustrias y alimentos para el acuerdo social que postuló durante su campaña y que por errores técnicos y políticos en vez de diálogo dieron lugar a la confrontación, emblocando tanto en la Capital como en el interior a sectores que tienen intereses distintos y hasta opuestos. En todos los casos, esas medidas tienden a estimular inversiones que incrementen la producción de esos alimentos y capitalizar la oportunidad que ofrecen las condiciones excepcionales del mercado internacional. Cuando aún era candidata, CFK explicó que le gustaría vivir en un país en el que la industria subsidiara al agro, como ocurre en Estados Unidos o en Europa. Pero, añadió, “la historia no la inventé yo”. Esta es una síntesis del plan, orientado a reducir la dependencia de la soja y abrir espacio para otras producciones menos rentables pero de mayor utilidad social y generación de empleo:
1
Reintegros a los pequeños productores. Las retenciones se cobran a los exportadores, lo cual impide discernir la dimensión del productor que aportó cada partida. La solución es el pago de reintegros a los pequeños productores o a los más lejanos de los puertos de embarque, como ya se hace en el caso de la leche, sobre la declaración jurada de ganancias de cada productor. Es de 7 centavos por litro para los tamberos que entregan hasta 3000 litros de leche por día, de 3 centavos entre 3000 y 4500 litros y de 1 centavo por encima de los 4500. En el caso de los granos el reintegro sería de 5 puntos porcentuales. El carácter móvil de las retenciones, hacia arriba pero también a la baja, determinó que el descenso en el precio de la soja posterior al anuncio del 11 de marzo disminuyera las retenciones del 44 al 40 por ciento. Con el reintegro del 5 por ciento, para los pequeños agricultores volvería a los 35 puntos de noviembre. Pero el viernes, cuando el gobierno hizo esa propuesta, la Federación Agraria se empecinó en exigir la suspensión para todos de las retenciones móviles.
2
Nueva baja en el precio de los fertilizantes. En la primera semana del paro, el gobierno anunció un acuerdo con los productores de fertilizantes para disminuir su precio en un 20 por ciento. Además contempla un subsidio adicional del 17,5 por ciento. Los productores más pequeños o los de zonas marginales recibirían así un estímulo a la fertilización.
3
Subsidio a los lácteos de consumo popular. Hasta ahora el tambero subsidió a las usinas elaboradoras y a los consumidores de alto poder adquisitivo. El precio de corte fijado para la leche en polvo (2270 dólares por tonelada), por encima del cual el fisco se apodera de la diferencia con el precio internacional, determina el que percibe el tambero por cada litro de leche fluida que entrega. La propuesta oficial es elevar ese precio de corte, de modo de que el tambero pueda recibir 90 centavos por litro, en vez de los actuales 83, y subsidiar sólo los cinco productos elaborados de mayor consumo popular: leche en sachet y larga vida, queso cuartirolo, yogur y manteca. Así dejaría de auxiliarse a las plantas elaboradoras y al consumo sofisticado de productos como la carísima mozzarella de búfala que produce el ex presidente del Banco Central Javier González Fraga. La mejora del precio al tambero estimularía la inversión y los incrementos de producción.
4
El cuarteo de la media res. Ni Adrián Paenza podría explicar por qué se llama cuarteo de la media res a su trozado en tres partes. Esto permitiría diferenciar la comercialización de los cortes populares, que se destinarían al mercado interno a precios diferenciados de los internacionales, y los finos, que podrían exportarse sin restricciones. La consiguiente mejora de rentabilidad, con la simultánea reducción de la sojera por el impacto de las retenciones, estimularía que los grandes productores, que combinan soja y ganadería, cría e invernada, incrementaran la producción de carnes, revirtiendo el proceso de las últimas décadas.
5
Mejora de los trabajadores rurales. El lockout puso en evidencia que los trabajadores rurales están entre los peor pagos del país, con un porcentaje de informalidad muy superior al del resto de la economía. El acto en el campo de juego de Deportivo Español, en el que CFK dijo haber sentido mucha adrenalina, se realizó con un impresionante cartel verde detrás del palco que decía “Moyano conducción”. A sus lados lucían dos círculos blancos, de la CGT, que conduce Moyano, y de las 62 Organizaciones, cuyo secretario general es también el de los peones rurales, Gerónimo Venegas. Inspirador de los amenazantes carteles que decían “No jodan con Perón” el Momo Venegas postuló que Néstor Kirchner debía presidir el PJ, donde cree más factible entornarlo que con los proyectos alternativos de la transversalidad y la Concertación plural. Estos antecedentes son importantes para comprender el rol que jugó en estas semanas, alineado con los patrones que emplean a sus afiliados. El oxígeno fiscal que el gobierno obtiene por las retenciones también permitiría mejorar las asignaciones a los peones de campo, previo blanqueo controlado por el ministerio de Trabajo. ¿Qué argumento de la ortodoxia peronista podría esgrimir Venegas para oponerse a esta medida, en la línea del Estatuto del Peón del primer peronismo?
6
Recuperación del Belgrano cargas. Una parte de los ingresos fiscales por las retenciones se destinaría a recuperar el deteriorado ferrocarril Belgrano de cargas. Junto con una mayor inversión en infraestructura vial bajaría los costos de los productores más lejanos, aquellos que no tienen tren, ni puerto ni traders propias. Esto también interesa a las provincias y el gobierno estaría dispuesto a firmar con los gobernadores y las entidades patronales un compromiso escrito de asignación específica de determinados montos o porcentajes.
En la reunión del viernes, las cámaras patronales reclamaban que se volviera atrás con las retenciones móviles para esta cosecha. Recién aceptaron discutir las propuestas oficiales luego del cuarto intermedio en el que CFK les ratificó a sus ministros que las retenciones eran intocables. Los empresarios no creen en el mecanismo de descuento en el impuesto a las ganancias y reclaman el subsidio directo al fertilizante y a los fletes de los productores del NOA y el NEA. Se concrete o no la segunda reunión mañana, el martes se realizará una concentración en Plaza de Mayo, en respaldo del gobierno, ya no por pequeños grupos de activistas. En caso de reanudación de los cortes, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, estudia operativos para abrir las rutas en puntos estratégicos, con gran concentración de efectivos desarmados. La orden de no reprimir sigue vigente.
Más allá del rol que cada uno juega, una buena pregunta es por qué el gobierno no convocó a las entidades a discutir este plan antes de efectuar los anuncios. Desde el Ministerio de Economía afirman que el sigilo era imprescindible para evitar que los exportadores registraran operaciones inexistentes con el nivel anterior de retenciones, fraude que desde 2002 implicó ganancias ilegítimas por un par de miles de millones de dólares. El jefe de gabinete, Alberto Fernández, repite que cada vez que convocó a las entidades a analizar las medidas complementarias para los pequeños productores, le respondieron con la convocatoria al paro, hasta su extensión por tiempo indeterminado con corte de las rutas. Pero ni el enfoque técnico ni el político explican por qué las medidas compensatorias y estudiadas no se anunciaron al mismo tiempo y con la misma sorpresa que las retenciones.
La palabra oficial
En los primeros cien días de su gobierno, CFK dejó pasar la oportunidad de rever la política de tierra arrasada en el Indec, que la sociedad toleró mientras parecía tener fecha de vencimiento el día de las elecciones y cuando la inflación se percibía en semestres o meses, no en semanas. La rotura deliberada del instrumento de medición no sólo degrada la calidad institucional, también tiene consecuencias económicas, sociales y políticas de largo plazo. La manipulación que comenzó por un indicador se fue extendiendo luego a otros, que se alteran o no se publican. Subestimar la inflación es hacerlo también con los niveles de pobreza, cuya disminución ha sido un legítimo orgullo del gobierno. Esta devaluación de la palabra oficial también deteriora el rol de arbitraje estatal, situación que sólo puede beneficiar a los más fuertes, ayudados por la política de mero maquillaje del pintoresco As de Cartón a cargo del comercio interior. Desemblocar la asociación ilícita entre gorilas de distintos pelajes y golpismos y las personas más banales que perversas de las clases medias, para las que ante todo cuenta su casa, su familia, su seguridad, su auto y, como en la tira del dibujante francés Maurice Siné, su culo, es tan urgente como asumir el problema de la inflación, ahora que no es posible ocultarlo. Y la única manera seria de enfrentarlo es avanzar sobre los oligopolios que controlan los quince insumos principales que se utilizan en la producción. Nadie lo sabe mejor que Lousteau, autor de un estudio sobre ese nudo gordiano de la economía argentina.
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