En Jocolí, Mendoza se continúa criminalizando a los campesinos que se organizan para defender sus derechos. El martes 7 de octubre tres miembros del movimiento campesino fueron detenidos e incomunicados durante mas de 10 (diez) horas, a esto se le suma el pedido de captura y arresto de mas de 10 miembros de la Unión de Trabajadores rurales Sin Tierra.
José Quintero vive en Jocolí y es miembro de la Unión de Trabajadores rurales Sin Tierra (UST), su padre criaba cabras en el lugar desde el año 1976 y el continuó su oficio. Desde hace más de veinte años ocupan y poseen efectivamente una finca en la que pastorean las cabras, chanchos y caballos. De eso vive el y su familia que incluye a siete hijos.
A principios de este año irrumpió un empresario diciendo que era el dueño porque compro en un remate, el mismo intentó desalojar a José, pero él a continuado resistiendo y pastoreando sus animales. La propiedad fue rematada de manera irregular con edictos falsos y otras irregularidades, además José cuenta con actas notariales y testigos q ue acreditan su posesión veinteñal. José nunca fue notificado del remate.
Ante una presentación judicial de los abogados de la UST el juez que entiende en la causa ordenó la “suspensión de todos los procedimientos del remate”. La propiedad no pudo ser inscripta por estos empresarios, pero de igual manera metieron topadoras y comenzaron a incendiar el monte. La policía Jocolí no tomó las denuncias de José y fue el mismo mas vecinos y compañeros campesinos los que detuvieron los incendios y la topadora, hasta que recursos naturales de la provincia ordenó detener el desmonte por no estar autorizado.
El viernes 3 de octubre el empresario Oliveri, volvió al ruedo y ordenó comenzar a alambrar, José tuvo que discutir mucho y hasta recurrir ha llamado de vecinos y el abogado para que le tomaran la denuncia en la subcomisaria El porvenir de Jocolí, pero la policía no intervino.
El Martes por la mañana empleados del empresario continuaban con el alambrado, José se interpuso en forma pacífica a que este continuara, y más de 15 compañeros y compañeras se citaron en el lugar para servir de testigos del hecho. Inmediatamente se presentó uno de los guardias del empresario: Carlos Ferreira, a caballo portando un cuchillo de 30 cm de largo en la cintura (este señor fue dado de baja en la policía por torturar a un hombre de Lavalle), ahora opera para algunas empresas como encargado de seguridad y de “relaciones” con la policía.
El mismo “pidió” por teléfono que venga un móvil y fue así que dos oficiales intervinieron violentamente y amenazando que si en 10 minutos no se iban todos los “sin tierra” los guardaban por un rato. Se fueron y José Quintero y otra compañera permanecieron en la línea del alambrado para evitar que avancen y la policía volvió a intervenir, esta vez ordenó que detengan los trabajos y dijo que iba a decidir la fiscal. Pidió a José que los acompaña a la subcomisaria para hablar con la Fiscal, además individualizaron a todos los presentes y tomaron datos personales.
En la subcomisaria lejos de hablar con la fiscal fueron detenidos e incomunicados José Quinteros y Diego Montón (que lo había acompañado), bajo el cargo de “turbación a la posesión de la propiedad”. El oficial “Medina” dijo que la fiscal ordenaba detener a todos los “sin Tierra” fue así que interceptaron a María A Guisasola que estaba yendo a dar clases en un auto, la detuvieron y llevaron a la subcomisaría. Medina impartió la orden de detener a otros 10 miembros de la UST.
Si muchas más explicaciones Los tres compañeros estuvieron más de 10 horas detenidos e incomunicados. Los policías todo el tiempo dicen que la situación de los derechos sobre la finca lo resolverá la justicia civil, sin embargo ante las denuncias de los campesinos jamás actúan, a pesar de que ya han presentado prueba de tener derechos posesorios y de que se suspendieron los procesos del remate por las irregularidades. En cambio con solo un llamado de los empresarios la policía actúa de inmediato.
De continuar los alambrados y el desmonte las cabras de José no tendrán forraje y por lo tanto la familia deberá abandonar la actividad y seguramente el campo para emigrar a la ciudad como tantas miles e familias ya fueron expulsadas.
El empresario esta vinculado a la liga de remates y se dedica a apropiarse de fincas y conseguir inversores en Buenos Aires, que sin conocer la historia de las mismas sueñan con una finquita en Mendoza.
En reiteradas ocasiones el móvil de la policía y varios efectivos pueden verse presentes en asados que organizan los empresarios en otra de sus fincas en Jocolí también adquiridas en remates.
Con extraña coincidencia el miércoles por la mañana la policía retuvo uno de los vehículos que usa la UST con la escusa de que la autorización notarial de manejo ya no es legal para transitar. Sin embargo en el registro el automotor hay un cartel enorme que dice que ese documento es válido. El vehículo quedó requisado en San Agustín.
Según Medina la fiscal que ordenó el operativo de detención y de “proteger” a los “trabajadores” que están alambrando y tienen “derechos laborales de trabajar sin ser molestados” se llama Patricia Atur de la sexta fiscalía correccional de Mendoza.
La UST cuenta con fotos y testigos de los hechos para demostrar que no existió ningún hecho de violencia de parte de los campesinos.
Denunciamos la clara parcialidad con la que actual la policía de la subcomisaria el porvenir de Jocolí y las medidas arbitrarias e ilegales que ordenó la fiscal ATUR, Es claramente una persecución y criminalización de la lucha por los derechos humanos campesinos y un intento de instalar el terror en la zona para que los empresarios puedan apropiarse de fincas sin la resistencia de los poseedores legítimos y legales.
En Mendoza más de 30 campesinos de la UST están imputados penalmente solo por resistirse a ser desalojados de sus tierras, amparados por leyes y artículos del código civil, que jueces, fiscales y policías parecen desconocer.
¡Tierra Agua y justicia ¡
Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra
Movimiento Nacional Campesino Indígena
Contactos: campesinosdecuyo@gamail.com- 0261 – 4905028 – 0261 155615062
José Quintero vive en Jocolí y es miembro de la Unión de Trabajadores rurales Sin Tierra (UST), su padre criaba cabras en el lugar desde el año 1976 y el continuó su oficio. Desde hace más de veinte años ocupan y poseen efectivamente una finca en la que pastorean las cabras, chanchos y caballos. De eso vive el y su familia que incluye a siete hijos.
A principios de este año irrumpió un empresario diciendo que era el dueño porque compro en un remate, el mismo intentó desalojar a José, pero él a continuado resistiendo y pastoreando sus animales. La propiedad fue rematada de manera irregular con edictos falsos y otras irregularidades, además José cuenta con actas notariales y testigos q ue acreditan su posesión veinteñal. José nunca fue notificado del remate.
Ante una presentación judicial de los abogados de la UST el juez que entiende en la causa ordenó la “suspensión de todos los procedimientos del remate”. La propiedad no pudo ser inscripta por estos empresarios, pero de igual manera metieron topadoras y comenzaron a incendiar el monte. La policía Jocolí no tomó las denuncias de José y fue el mismo mas vecinos y compañeros campesinos los que detuvieron los incendios y la topadora, hasta que recursos naturales de la provincia ordenó detener el desmonte por no estar autorizado.
El viernes 3 de octubre el empresario Oliveri, volvió al ruedo y ordenó comenzar a alambrar, José tuvo que discutir mucho y hasta recurrir ha llamado de vecinos y el abogado para que le tomaran la denuncia en la subcomisaria El porvenir de Jocolí, pero la policía no intervino.
El Martes por la mañana empleados del empresario continuaban con el alambrado, José se interpuso en forma pacífica a que este continuara, y más de 15 compañeros y compañeras se citaron en el lugar para servir de testigos del hecho. Inmediatamente se presentó uno de los guardias del empresario: Carlos Ferreira, a caballo portando un cuchillo de 30 cm de largo en la cintura (este señor fue dado de baja en la policía por torturar a un hombre de Lavalle), ahora opera para algunas empresas como encargado de seguridad y de “relaciones” con la policía.
El mismo “pidió” por teléfono que venga un móvil y fue así que dos oficiales intervinieron violentamente y amenazando que si en 10 minutos no se iban todos los “sin tierra” los guardaban por un rato. Se fueron y José Quintero y otra compañera permanecieron en la línea del alambrado para evitar que avancen y la policía volvió a intervenir, esta vez ordenó que detengan los trabajos y dijo que iba a decidir la fiscal. Pidió a José que los acompaña a la subcomisaria para hablar con la Fiscal, además individualizaron a todos los presentes y tomaron datos personales.
En la subcomisaria lejos de hablar con la fiscal fueron detenidos e incomunicados José Quinteros y Diego Montón (que lo había acompañado), bajo el cargo de “turbación a la posesión de la propiedad”. El oficial “Medina” dijo que la fiscal ordenaba detener a todos los “sin Tierra” fue así que interceptaron a María A Guisasola que estaba yendo a dar clases en un auto, la detuvieron y llevaron a la subcomisaría. Medina impartió la orden de detener a otros 10 miembros de la UST.
Si muchas más explicaciones Los tres compañeros estuvieron más de 10 horas detenidos e incomunicados. Los policías todo el tiempo dicen que la situación de los derechos sobre la finca lo resolverá la justicia civil, sin embargo ante las denuncias de los campesinos jamás actúan, a pesar de que ya han presentado prueba de tener derechos posesorios y de que se suspendieron los procesos del remate por las irregularidades. En cambio con solo un llamado de los empresarios la policía actúa de inmediato.
De continuar los alambrados y el desmonte las cabras de José no tendrán forraje y por lo tanto la familia deberá abandonar la actividad y seguramente el campo para emigrar a la ciudad como tantas miles e familias ya fueron expulsadas.
El empresario esta vinculado a la liga de remates y se dedica a apropiarse de fincas y conseguir inversores en Buenos Aires, que sin conocer la historia de las mismas sueñan con una finquita en Mendoza.
En reiteradas ocasiones el móvil de la policía y varios efectivos pueden verse presentes en asados que organizan los empresarios en otra de sus fincas en Jocolí también adquiridas en remates.
Con extraña coincidencia el miércoles por la mañana la policía retuvo uno de los vehículos que usa la UST con la escusa de que la autorización notarial de manejo ya no es legal para transitar. Sin embargo en el registro el automotor hay un cartel enorme que dice que ese documento es válido. El vehículo quedó requisado en San Agustín.
Según Medina la fiscal que ordenó el operativo de detención y de “proteger” a los “trabajadores” que están alambrando y tienen “derechos laborales de trabajar sin ser molestados” se llama Patricia Atur de la sexta fiscalía correccional de Mendoza.
La UST cuenta con fotos y testigos de los hechos para demostrar que no existió ningún hecho de violencia de parte de los campesinos.
Denunciamos la clara parcialidad con la que actual la policía de la subcomisaria el porvenir de Jocolí y las medidas arbitrarias e ilegales que ordenó la fiscal ATUR, Es claramente una persecución y criminalización de la lucha por los derechos humanos campesinos y un intento de instalar el terror en la zona para que los empresarios puedan apropiarse de fincas sin la resistencia de los poseedores legítimos y legales.
En Mendoza más de 30 campesinos de la UST están imputados penalmente solo por resistirse a ser desalojados de sus tierras, amparados por leyes y artículos del código civil, que jueces, fiscales y policías parecen desconocer.
¡Tierra Agua y justicia ¡
Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra
Movimiento Nacional Campesino Indígena
Contactos: campesinosdecuyo@gamail.com- 0261 – 4905028 – 0261 155615062
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