| La quinta fase del lock out de las entidades patronales ha mostrado que por ahora le falta el acompañamiento social de la vez pasada. Lo bueno es que han explicitado que quieren cero retenciones y eso raleará el apoyo. |
Un
rasgo de esta etapa del auto intitulado “plan de lucha agropecuario” es
que escasean los protagonistas. La sojacracia ha visto desertar a
muchos de sus sostenedores que optaron por los negocios propios o la
siembra. No era cosa de despreciar la humedad de las últimas lluvias,
en tiempos de seca. Había que sembrar, dijeron quienes querían
justificar el faltazo a las rutas.
Fuera por un motivo u
otro, a lo que habría que agregar la falta de mayor motivación del
sector más encumbrado de sojeros y exportadores, que quedaron pipones
con la anulación de la resolución 125, lo cierto es que el ejército
sojero lució escuálido en estos primeros días.
Un medio
que magnifica cada una de sus acciones, como “Gaceta Ganadera”, admitió
que los miembros de los piquetes no pasaban de cincuenta, un número de
por sí inflado. “Una cincuentena de productores con una o dos casillas
rurales -de las que usan los contratistas rurales- se mantienen a la
vera de las rutas, impiden el paso de camiones que transportan granos o
ganado, y reparten volantes en los que se explican los motivos del
paro”, cronicó.
De todos modos, aún con esa representación
menguada, lo que no encogió fue la agresividad de los productores que
se creen dueños de las rutas y con derecho a requisar vehículos como si
fueran un doble poder.
El diario mencionado no se puso de
acuerdo para mentir. Un artículo del sábado 4 aseguró que el día
anterior todo el inconveniente de tránsito fue “una interrupción
simbólica de pocos minutos en Gualeguaychú”. Pero en otra nota del
mismo sábado, firmada por Jorge Riani, se pintó otro panorama de ese
lugar: “el tránsito se mantuvo cortado para todos los vehículos
mientras duró la asamblea, y el piquete cortó el paso de camiones con
granos durante casi todo el día. Se liberó a las 18.30”.
Esos
inconvenientes para la circulación vial no han provocado por ahora
problemas de abastecimiento propios de los 127 días del conflicto
anterior. Pero pueden ser un módico anticipo. El bocón de Gualeguaychú
ya prendió el ventilador, avisándole a los suyos que se preparen porque
“el viaje es largo”. Según DyN, el viernes advirtió que a partir de
esta semana "se agudizará el reclamo, porque la gente tiene bronca,
está muy mal y quiere cortar las rutas". Si se toma al pie de la letra
ese chantaje, querría decir que después del miércoles 8, cuando termina
el “plan de lucha”, las acciones continuarán. Y que éstas pueden
incluir cortes de rutas, que sería una extorsión mayúscula.
Esa
posibilidad es la que lamentaba la presidenta de la Nación cuando
deploró que un sector “tome de rehén a toda la sociedad”. Pero esas
apelaciones no surtieron ningún efecto en las entendederas de Alfredo
De Angeli, que en línea con Mariano Grondona, volvió a acusarla de
tener “un gran resentimiento” con el campo (el ex asesor de la
dictadura escribió este domingo que el gobierno odia al campo, la
Iglesia y los militares).
El meollo de asunto
Como
los dirigentes de Sociedad Rural, Coninagro y Confederaciones Rurales
salieron bien forrados de la caída de la resolución 125, no han puesto
en esta etapa de la movilización el alma y el cuerpo. Esa tarea ha
recaído mayormente en la cúpula de la Federación Agraria, cuyos
afiliados de mediano porte habían logrado beneficios con esa resolución
y los perdieron con el voto adverso del Senado.
De Angeli
estuvo activo en la ruta 14 en cercanías de Gualeguaychú y evaluaba
mudar su campamento a Ceibas. En las semanas previas hizo asambleas y
cortó el tránsito en el túnel subfluvial que une Santa Fe y Paraná.
Dicho sea de paso, las demoras allí no fueron de unos pocos minutos…
El
otro dirigente que se movió fue Eduardo Buzzi, recorriendo los piquetes
de Santa Fe, que en esta oportunidad han sido mayoría dentro del
centenar habidos a nivel nacional. Los hubo en Armstrong, Venado
Tuerto, Bombal, Rufino, Santa Teresa, Maciel y Rafaela, entre otros
puntos.
En un acto realizado frente a la planta de
Dreyfuss en General Lagos, el reelecto titular de la FAA se despachó
con esta exigencia: "los productores de menos de 3.000 toneladas no
tendrían que pagar retenciones". Así lo consignó José Crettaz, en
“Tibio comienzo de la protesta rural” (“La Nación”, 4/9).
La
impunidad impositiva que propone Buzzi es gigantesca e injusta. Para
tener una idea de la magnitud de ese privilegio, hay que recordar que
la propuesta mejorada de la resolución 125 en Diputados, favorecía a
quienes exportan menos de 300 toneladas anuales de soja al disponer que
pagaran una retención del 30 por ciento, inferior a la del 35 por
ciento que regía antes de la citada resolución. Buzzi quiere
retenciones cero para los que exportan diez veces más que aquella
cantidad de soja.
Por si alguien dudara de los dichos del
dirigente que alguna vez expresó a los chacareros, los reiteró este fin
de semana. Alejandra Gallo conversó telefónicamente con Buzzi y luego
de preguntarle si a los pequeños productores no les hubiera convenido
la 125, tuvo esta respuesta: “Si se hubiera aprobado, hoy estaríamos
mal igual. Queremos retenciones cero” (Clarín, 5/10).
La ubre del Estado
Esa
dirigencia agropecuaria está pidiendo no pagar derechos de exportación,
siendo que con la soja con precios deprimidos respecto a principios de
año, a menos de 400 dólares, igual les da un más que interesante margen
de ganancia, en particular a los productores de medianos a grandes de
la zona pampeana.
Con muchísima más razón, los asalariados
que perciben sueldos elevados tendrían que cortar las rutas para dejar
de pagar impuesto a las ganancias. Y así de seguido otros sectores que
no tuvieron la rentabilidad de estos últimos años de la soja y demás
granos.
La bandera plantada por Buzzi es una ofensa para
millones de argentinos que están mal. ¿Cuántos son? Eso depende de
quién los cuente. Para el Indec, según cable de DYN y Télam del 23/9,
“hay 4.348.000 pobres (17,8 por ciento) y 1.236.000 indigentes (5,1 por
ciento)”. Pero como los cabecillas de la Mesa de Enlace Rural no le
creen al Indec sino a las consultoras privadas, para ellos el cálculo
correcto de pobres sería el de la Sociedad de Estudios Laborales (SEL),
que para el mismo lapso, primer semestre de este año, sostuvo: “la
estimación de la pobreza llega al 32,3 por ciento”. Esto supondría más
de 11 millones de personas.
En una u otra medición, hay
montones de pobres. Y el “centroizquierdista” Buzzi propone que los
sojeros de hasta 3.000 toneladas de exportación paguen retenciones cero…
La
falta de sintonía con lo popular se descontaba en dirigentes de la
Sociedad Rural como Hugo Biolcati, otro de los promotores del nuevo
lock out. Tratando de beatificar la imagen de esa entidad, el radical
juecista Francisco Delich, escribió maravillas de la oligarquía: “la
Sociedad Rural ya no es la que era con Martínez de Hoz, ahora la
preside un tambero de apellido italiano” (La Voz del Interior 3/10).
Con
esos análisis de clase, el sociólogo Delich debería devolver su título
a la Universidad Nacional de Córdoba. Es que aunque lo niegue, la
oligarquía sigue existiendo, en particular en la zona pampeana, como lo
demostró durante el conflicto anterior el estudio de Eduardo Basualdo y
Flacso (ver “La Capital” de Rosario, 17/08).
Biolcati, el
de apellido tano, es dueño de tambos que han recibido importantes
subsidios del Estado. Este domingo en Página/12 Horacio Verbitsky (“La
vaca atada”), le puso números a esa succión que aquél hace de la ubre
del Estado. “Biolcati es propietario de grandes tambos, junto con sus
hermanos y sus hijos. Sus tambos El Broquel y Estancias La Dorita han
recibido 750 mil pesos de compensaciones desde que se puso en práctica
este sistema en 2007. Esos tambos están entre los principales
proveedores de la transnacional suiza Nestlé en todo el mundo”,
escribió el presidente del CELS.
¿Y estos son los gauchócratas que largaron otro lock out diciendo que el Estado nunca les paga los subsidios?
En
todo caso la crítica correcta a Cristina Fernández es por qué abona
subsidios, con dinero de todos, a fuertes productores como Biolcati,
Grobocopatel, Avex, Molinos y Aceitera General Deheza. A esos no hay
que darles plata; tienen que poner. Aún dentro del concepto limitado de
justicia social, no hay otra manera de proceder que sacar a los que
tienen de más para atender a los que menos tienen.
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